Enfrentar el delito del secuestro extorsivo requiere cambios en las normas vigentes, pero no en el orden del aumento de las penas, que algunos (incluso, en oportunidad del secuestro de Florencia Macri, el presidente Eduardo Duhalde) han insistido en solicitar: suponiendo que el monto de la pena tenga algún efecto disuasorio; por eso mismo es esencial mantener una significativa diferencia según que la víctima sea o no liberada sana y salva.
Más importante es auxiliar a los familiares en el dilema terrible que se les plantea cuando, como es invariable, los secuestradores les ordenan no efectuar la denuncia ante la Justicia. Es claro que si hacen la denuncia, facilitarán la investigación, lo cual, además, cumple la función comunitaria de ayudar a prevenir futuros secuestros. Sin embargo, desobedecer a los secuestradores en cuyas manos están la vida y la integridad física del ser querido, ¿qué consecuencias puede tener para éste?
Hasta ahora, la disyuntiva terrible se plantea de modo muy diferente según sea la posición social de las víctimas: una familia con poder y vinculaciones está en condiciones de manejar la situación, eligiendo contactarse o no con las instancias judiciales y policiales y contando con los recursos para que esos eventuales contactos se mantengan en reserva. La familia en otra posición social –y también las hay entre las víctimas de secuestros extorsivos– no cuenta con ninguna de estas garantías.
Una alternativa sería establecer, mediante una ley que modificara el Código de Procedimientos, un mecanismo adecuado para que las denuncias de este delito se mantuvieran en reserva durante el tiempo necesario en cada caso. Fuentes judiciales consultadas para esta nota estimaron factible y conveniente esta posibilidad, pero, observaron, “no es seguro que esa reserva pueda garantizarse: las intercepciones telefónicas, esenciales en estas investigaciones, están en manos de la SIDE, cuya confiabilidad no está asegurada”.
Así, para el caso de los secuestros extorsivos como para otros delitos, la lógica de su resolución conduce a instrumentos que resultan mellados por las sospechas de ineficiencia y corrupción en un organismo de seguridad.