En el escrito de ofrecimiento de prueba, la querella expresa su disconformidad con la decisión de juzgar sólo la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio. “Hubiéramos preferido, sin duda alguna, y aunque nos hubiera tomado otros 20 años más, que estuviéramos a la puerta de un debate en el cual se discutieran todos los hechos que la Corte Interamericana de DD.HH. tuvo por probados” y que en el banquillo de los acusados estuviesen sentados “los responsables materiales y políticos de la detención, tortura y muerte” de Bulacio.

Agrega que es “igualmente lamentable, para la Justicia argentina, que una causa que devino símbolo de la organización y la lucha contra la represión estatal y que cuenta con el triste privilegio de haber motivado la primera y única condena al estado argentino por violación a los derechos humanos” posterior a 1983 “se vea reducida en esta instancia (el juicio oral) a una mínima imputación por una detención ilegal”.

La abogada de Correpi y de la querella, María del Carmen Verdú, le dijo a Página/12 que “no es cierto” que después del caso Bulacio “se hayan acabado las razzias” en el país. “Un trabajo de Correpi demuestra que hubo 494 jóvenes que murieron”, en las últimas dos décadas, “luego de sufrir detenciones arbitrarias” por parte de fuerzas de seguridad estatales.