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El gobierno porteño, por medio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), informó que había realizado cuatro inspecciones al depósito incendiado de Iron Mountain. Agregó que no se encontraron irregularidades y, por añadidura, nunca se produjo una clausura entre 2007 (cuando se habilitó) y junio de 2012. Intentó desmentir así las declaraciones formuladas por el inspector Edgardo Castro en Página/12 el lunes pasado. Pero lo hizo por medio de un organismo al que el denunciante no pertenece.

En rigor, la AGC realiza actuaciones con sus inspectores o perito-verificadores por cuenta propia, más allá de las que cumpla la Subsecretaría de Trabajo porteña, dependiente del ministro Francisco Cabrera. La Agencia las debería hacer para ver si se cumplen las condiciones en que fue habilitada una empresa, aunque no tiene poder de policía laboral. En este organismo, la gestión de Mauricio Macri intentó delegar desde su creación todas las inspecciones que se realizan en la ciudad. Pero fracasó cuando quiso disolver el cuerpo de inspectores laborales.

Castro desafió a las autoridades a que muestren las actas de las visitas al galpón de Barracas. Según él, éstas suelen “de-saparecer”, como ocurre también con los expedientes que las contienen. Su imputación no es nueva. Ya tiene antecedentes. El 5 de agosto de 2010 la Legislatura porteña le realizó un pedido de informes al jefe de Gobierno para determinar, entre otros temas, si se habían perdido pruebas de las actuaciones realizadas por los inspectores. Castro, por entonces, sostenía que faltaban “cuatro mil actas y doce mil expedientes”.

“¿Dónde están las actas?”, se pregunta todavía hoy el ingeniero en Seguridad Ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente. Esos documentos, que suelen ser solicitudes de clausuras elevadas por los inspectores a sus superiores, en varias ocasiones no fueron contestados o directamente se perdieron. Un pedido de ese tipo escrito por el inspector a su jefe inmediato nunca tuvo respuesta. Lo firmó el 29 de septiembre de 2008, el año en que clausuró Iron Mountain. Allí denunciaba una serie de irregularidades cometidas por una papelera comercial. Castro conserva una copia, como conserva otras de sus inspecciones.