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Por Alicia Oliveira *

La crisis en la que estamos sumergidos los argentinos tuvo, entre muchas respuestas, la idea de crear una mesa de concertación en la cual mediante la participación de diversos sectores pudieran acordarse las vías para mejorar la grave situación en que estamos inmersos. A poco de andar la Iglesia Católica –que integra la mesa– advirtió con un tono sin concesiones, que nada se podía acordar, ni pactar, ni ajustar, ni resolver si quienes estaban invitados a la mesa sólo se acercaban para reclamar por sus intereses particulares sin entregar nada a cambio, sin, siquiera, aportar una idea. Tal conducta puede surgir del mero egoísmo personal o del nublado entendimiento que impide asumir una actitud racional frente a las cosas que nos ocurren.
Como defensora del Pueblo de la ciudad, en la experiencia de trabajo diaria advierto la forma en que se materializa todos los días lo sucedido en la mesa de concertación nacional. Esto es, que nadie quiere ceder nada a favor del otro, nadie quiere entregar parte de su esfuerzo, de su territorio. Eso sí, todos se quejan del vecino parodiando aquello de que resulta fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
En la ciudad de Buenos Aires es frecuente escuchar a funcionarios y otros vecinos frases como éstas: “La provincia de Buenos Aires nos tira todo a nosotros”, “Nos usan los hospitales y los colegios”, “Muchos se vienen a vivir a nuestras villas”. Por respeto a las víctimas de esta discriminación y por compasión a los discriminadores, no quiero repetir los calificativos que se adicionan a aquellas personas que vienen a la ciudad en busca de salud, vivienda y educación. Sólo como ejemplo recordaré que en una reunión oí: “No tenemos que permitir que los matanceros se atiendan en el Hospital Santojanni, el hospital es de los porteños”. Sabemos que cosas similares ocurren en la provincia en una cadena de múltiples discriminaciones, las cuales resulta inútil repetir porque todos ya las conocemos.
Esta disputa solapada u oculta a medias tomó estado público gracias al verbo inflamado del subsecretario de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Jozami, y el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. La base de la disputa es la entrega de vivienda social a ochenta familias que, por falta de políticas adecuadas, se encuentran hoy viviendo en la vía pública en ciudad de Buenos Aires. Por largos trámites, innumerables reuniones y por la persistencia obsesiva de algunos actores inmersos en la problemática –especialmente los ciudadanos afectados y la Pastoral Social– se consiguió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometiera en un plazo perentorio a entregar viviendas dignas a estas familias. Las casas deben construirse en parte de un predio de cincuenta hectáreas propiedad de la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra ubicado en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza; por supuesto que el compromiso asumido requiere una tarea de urbanización que mejore la zona donde se encuentran los terrenos hoy abandonados.
Jozami parecía no estar muy entusiasmado con el convenio y, como prueba de ello, publicó en Página/12 una nota donde avisaba que no iba a cumplir y ponía la imposibilidad de cumplimiento en el otro, el intendente de La Matanza, quien parece que se niega a que se haga el barrio. A los pocos días, el intendente le contestó al funcionario citadino. Allí aparece un nuevo ingrediente en la discusión, porque argumentó Balestrini: “Ustedes quieren hacer un barrio en tierras en las que nos deben 20.000.000 de pesos de impuestos”.
Lo curioso de sendas notas es que ambas reivindican el amor al prójimo y se jactan de sus posiciones “progresistas y democráticas”, a pesar de las cuales 380 personas viven en la vía pública y la mitad son menores de edad que sufren múltiples enfermedades por las condiciones de vida. Los discursos de los funcionarios terminan integrándose, así, al mundo de frases hechas y de promesas incumplidas, de incapacidad de ver al quesufre, de ponerse al servicio del otro. De todas esas cosas que hacen que mucha gente dude de los políticos, no de la política.
Sin embargo, en los discursos de desavenencia se advierte algo importante: si nuestros políticos vieran la posibilidad de resolver los temas públicos, el cruce de la avenida General Paz para uno y otro lado sería una forma de integración y no de conspiración y de rapiñas. Para ello los funcionarios de ambos márgenes se deben sentar a pensar cuáles son las formas de compensar los créditos y débitos recíprocos y garantizar a los ciudadanos los derechos a la vivienda, la educación y la salud. Así se comportarían como políticos creíbles para quienes formamos parte de un pueblo que por el momento sólo vive de ilusiones, ya que conductas como las descriptas nos llevan a perder la esperanza.

* Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.