La falta de grúas adecuadas en la Ciudad para acarrear 4x4 o de porte semejante genera una discriminación en el trato a los conductores. Claudia Neira (FpV) comentó: “La ley tiene que ser aplicada con igual rigor a todos los que la infringen. No según la cara o el tipo de auto. Lo contrario es ponernos en peligro a todos. No se puede dejar a un sector de la sociedad por fuera de los controles de alcoholemia por falta de grúas para llevar sus camionetas”. Alejandro Bodart, del MST, opinó: “Las grúas y parquímetros son un negocio privado para recaudar, en vez de un servicio estatal y para mejorar el tránsito. Encima, los controles perdonan a los más acomodados y castigan a los sectores medios y populares”. Oscar Moscariello, del bloque PRO, mayoritario en la Legislatura, también le dijo a Página/12: “Si hay incumplimiento de contrato por parte de la concesionaria para prestar el servicio, debería haber penalidades. La Ley de Tránsito que votamos en la Legislatura tiene términos generales, pero la letra fina de los contratos de concesión la maneja el Ejecutivo. El Estado es responsable de controlar que se cumpla el contrato”.