Desde la represión en la última dictadura hasta los crímenes denunciados por las Madres del Dolor o las persecuciones a los campesinos pobres, la historia negra de Santiago del Estero tiene un protagonista excluyente: el comisario retirado Antonio Musa Azar. A diferencia de otros represores célebres, el policía santiagueño se recicló con la democracia después de pasar a retiro, de la mano del caudillo provincial, el cinco veces gobernador Carlos Juárez, y de su esposa, la actual mandataria Mercedes “Nina” Aragonés, una entrañable amiga de Musa Azar.
Musa Azar ingresó a la policía santiagueña en 1956 y en 1968 obtuvo el grado de oficial subinspector. Pero su ascenso en la estructura policial coincidió con la asunción como gobernador, por segunda vez, en 1973, de Carlos Juárez: en 1975 fue nombrado jefe de la Superintendencia de Seguridad, con el grado de comisario. El golpe de 1976 no frenó su carrera, todo lo contrario: en abril de ese año se convirtió en jefe del Departamento II de Inteligencia con el máximo grado policial, de comisario general.
Dos años después pidió su pase a retiro, con la excusa de dedicarse de lleno a la cría animales exóticos. De su actuación durante la dictadura quedaron 23 denuncias por desaparición de personas –el total de casos en la provincia llega a 60– y su nombre quedó registrado en el Nunca Más, el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Entre estos casos está el de la abogada Teresita Hazurún, secuestrada el 20 de noviembre del ‘76 en la ciudad de Frías. “Era interrogada por Musa Azar (lo reconoció por la voz)”, dice el testimonio registrado en el Nunca Más. Otro caso es el de la desaparición de Guillermo Miguel, diputado entre 1973 y 1976. Tras intervenir en la clausura de un cabaret, en Río Hondo, donde se explotaba a menores de edad, la dueña del local lo amenazó con pedir “la intervención de la SIDE de Musa Azar”, alegando que era “su socio en la explotación del local”. Miguel desapareció el 23 de noviembre de 1976.
El D-2 que comandaba Musa Azar funcionaba en vinculación directa con el Batallón de Ingenieros de Combate 141, con asiento en Santiago. Al menos cuatro de las desapariciones que se le imputan a Musa ocurrieron en 1975, durante el mandato constitucional de Juárez.
Musa Azar fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida. Volvió a la función pública en 1993, en el área de seguridad de la gobernación. Los diputados René Alderete y Carlos Corbalán lo acusaron por el “control ideológico” que realizaba sobre funcionarios, legisladores y particulares. En julio de 1995 Musa fue designado director general de Seguridad, con dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus colaboradores más cercanos estuvieron Tomás Garbi, el comisario Ramiro del Valle López, Juan “Serpico” Bustamante, el comisario Javier Robles, ex jefe de la policía de La Banda, y el ex jefe de esa dependencia, Isaac Yanuzzi, alias “Papito”. Algunos de ellos lo vienen acompañando desde 1976.
La vinculación de Musa Azar con el doble crimen de La Dársena fue denunciada desde el comienzo por el abogado de la familia Villalba, Luis Santucho. No fue la primera denuncia contra el represor que llegó a los oídos del ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Poco después, delegados del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la actuación de grupos armados de civil que ingresan a predios de familias de esa organización en las zonas rurales e incendiaron más de mil hectáreas de monte.
La comisión dejó en el área del Derechos Humanos del Ministerio, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, un trabajo que recopila pruebas y descripciones de unos 200 episodios de violencia en localidades como Los Juríes, Quimilí, Pinto, Tintina y la Simnona, donde hay conflictos por la posesión de la tierra. El propio Duhalde viajo hasta Santiago del Estero, junto al secretario de Justicia, Pablo Lanusse, para corroborar las denuncias por violaciones a los derechos humanos y las graves falencias en la administración de justicia en la provincia. Los funcionarios recogieron denuncias de torturas en comisarías santiagueñas, en muchos casos a niños de entre 8 y 12 años. El informe que elaboraron recomendaba la intervención al Poder Judicial, una medida que el Poder Ejecutivo nunca llegó a impulsar: esperaron algunas correcciones desde el poder santiagueño, como la separación de Musa Azar de su cargo, primero, el desplazamiento de los jueces más cuestionados, luego, y finalmente, la detención de las figuras que habían sido señaladas como responsables del doble crimen.