La investigación de Vía Campesina y Grain señala que las leyes de semillas tienen características comunes de casi todos los países. Son impulsadas por corporaciones y gobiernos con el argumento de que son necesarias para garantizar la supuesta calidad de semillas, dejan abierta la posibilidad de considerar delito el intercambio, implican la privatización de las semillas, las leyes “son redactadas de manera imprecisa” que dejan zonas grises para libre interpretación, avanzan mediante tratados de libre comercio y, en la mayoría de los casos, las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o sin debates ni participación de campesinos e indígenas.

“Estas leyes a menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar”, alerta el informe y denuncia que el objetivo final es evitar que los agricultores preserven las semillas y se vean obligados a comprar a un puñado de grandes empresas.