Ana María Acevedo tenía 20 años cuando en 2007 murió sin tratamiento para su cáncer porque en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe, le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba contraindicado para el embarazo. El caso de la joven santafesina se convirtió en un emblema para el movimiento de mujeres.

El calvario de Ana María se remonta a mayo de 2006, cuanndo recurrió al hospital de su localidad, Vera, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Ya era madre de tres niños y vivía en condiciones de extrema pobreza. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas del cuello. La familia siempre sostuvo que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterapia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres, expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma Cuevas, la mamá, deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.

El caso se conoció después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado pre mortem, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó entonces el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de abril.

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.

Ana María apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a elegir el método anticonceptivo elegido y también el acceso a un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre son un emblema para el movimiento de mujeres argentino. Ocho años después, todavía la Justicia no se expidió sobre el accionar médico y la causa por la muerte de Ana María sigue abierta. Los médicos involucrados en su atención fueron procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, una resolución que sentó el precedente de que no practicar un aborto legal puede constituirse en delito. Pero el expediente no avanzó más. Este año, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de la adolescente, su familia realizó una marcha en su pueblo, Vera, a 256 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Que hayan transcurrido ocho largos años sin respuesta de la justicia, es algo que “nos enferma” dijo Norma, la mamá de Ana María: “Primero fue mi marido y ahora yo estoy en tratamiento, queremos que la Justicia haga algo, para que nuestra hija descanse en paz. Sabemos que no nos devolverán a Ana María, pero queremos terminar esta etapa”. Los tres hijos de la joven, de 12, 10 y 9 años, pasaron la mayor parte de su vida sin su madre, y tienen su recuerdo por fotos. “Lo más duro para esta familia es que no sólo siguen pensando en la posibilidad de que Ana María se podría haber salvado, sino que murió sufriendo y que esta muerte podría haber sido mucho más digna”, expresó Mariano Figueroa, representante de la Comunidad del Hospital Iturraspe, quien viene acompañando a la familia en su reclamo desde la muerte de la adolescente.