En Tierra del Fuego, una mujer está procesada y será juzgada por realizarse un aborto con una curandera en un barrio popular de la capital provincial. El fiscal que interviene en el juicio, Nicolás Arias, pidió para ella un año de prisión en suspenso. Organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, que interviene, para pedir que se anule el proceso. “Este caso muestra el problema de enfocar el aborto no como un derecho –en las condiciones establecidas por ley vigente en Argentina–, sino como un tema de política criminal”, alertó la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Gherardi detalló que se trata de una joven en situación de gran vulnerabilidad y con una historia de violencia, que debería haber accedido a la práctica legal del aborto en un hospital público, en condiciones seguras y legales. “Sin embargo, la falta de acceso a ese derecho en la provincia la empujó a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida, para luego además quedar expuesta a la persecución penal por haber ejercido lo que debió ser su derecho. Las leyes penales deben dejar de marcar la vida y la salud de las mujeres en los casos en que su vida, su salud o su integridad se encuentra en juego, y debe dar lugar a una política pública de salud enfocada en garantizar el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló Gherardi.

La mujer vive en Río Grande, tiene 32 años y es madre de tres hijos. Desde La Hoguera, una organización local que defiende los derechos de las mujeres, la están acompañando en su defensa. “Es una barbaridad lo que la Justicia ha hecho con ella”, dijo a este diario Ayelén Martínez, de la ONG. La abogada Solange Verón, quien se hizo cargo de su representación legal en los últimos meses, pidió la nulidad de las actuaciones, y en caso de que no prospere ese pedido, su absolución.

ELA, junto al CELS, Católicas por el Derecho a Decidir y Amnistía Internacional se presentaron como amicus curiae, para avalar la posición de la defensa. Por un lado, sostienen que se trató de un aborto legal, contemplado en el artículo 86, incisos 1º y 2º, dado que el embarazo ponía en riesgo su salud –tiene una lesión en la cintura producto de malos tratos recibidos durante su infancia– y además, había sido producto de la violación de su pareja, quien ejercía sobre ella violencia de género. “El Estado, en lugar de garantizar el acceso a una práctica permitida por ley, criminaliza a las mujeres que, por desconocimiento de la ley vigente o ante el temor de ser perseguidas, recurren a los abortos inseguros”, señalaron las cuatro organizaciones en su presentación. En diálogo con este diario, Diego Morales, director del área de Litigio del CELS, consideró que “las barreras del acceso al aborto no punible constituyen un supuesto de violencia institucional”. En este caso “está llevada a su máxima expresión porque no sólo se obstaculiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos en que la ley lo permite, sino que, luego de tal ausencia, el Estado aparece para perseguir penalmente a la mujer”.

La causa se inició en 2010 a partir de escuchas telefónicas realizadas a una mujer en el marco de una investigación judicial por el homicidio de su pareja, un artista plástico. Esa mujer resultó imputada por ese crimen y se le inició otra causa por practicar abortos clandestinamente. Pero no sólo a ella la persiguió la Justicia: también a las mujeres que habían concurrido a su domicilio presuntamente para interrumpir un embarazo. Y a un hombre que presuntamente había acompañado a una de ellas. Para todos el fiscal pidió un año de prisión en suspenso.