La investigación del crimen de Micaela involucró análisis de los contactos que la niña establecía en redes sociales, algo que se topó con las normas de privacidad establecidas por Facebook. En la plataforma, el acusado Jonathan Luna mantenía cinco perfiles con identidades falsas –a través de los cuales contactaba a niñas y adolescentes–, pero no se habría podido llegar a él sin acceder a los chats que mantenía con Micaela. Fuentes de la investigación señalaron que, para investigar los contactos que víctima y victimario mantenían online “desde febrero”, fue fundamental el apoyo de la ONG norteamericana, National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). El trabajo con la NCMEC habría aportado los datos clave que la política de privacidad de la red social habría negado.

No es la primera vez que la NCMEC colabora con la justicia argentina en la investigación de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. A finales de 2014, un reporte de la entidad alertó a investigadores argentinos acerca de que computadoras de la provincia de Buenos Aires intercambiaban pornografía infantil vía chat; en julio de 2015, una docente y su marido fueron detenidos en Punta Lara por “tráfico de pornografía infantil”. En febrero de este año, también gracias a información de la NCMEC,la policía bonaerense desbarató en Olavarría una banda dedicada a “producción, publicación, distribución de imágenes pornográficas”, en una causa investigada por el juez Carlos Vallamarin. Hace dos semanas, fueron también datos de la NCMEC los que condujeron a la detención de una red internacional dedicada a la producción y distribución de material registrado de abusos sexuales cometidos contra menores. Ese operativo, que involucró a policía de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Letonia, Francia, Grecia, Suecia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Australia, Serbia, Indonesia, Israel, Japón, Kenia, Nicaragua, Pakistán, Sudáfrica, Sri Lanka, Ucrania, México, Brasil y Chile, terminó con 12 personas detenidas.