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El Consejo de la Magistratura avanza, con sus tiempos, en la investigación abierta contra Carlos Liporace a pedido de la Cámara de Apelaciones del fuero en lo penal económico. La diputada Marcela Rodríguez les requirió ayer a los camaristas la última resolución contra el ahora ex juez de la causa Southern Winds para aportarla como prueba. La investigación sobre la actuación de Liporace en la causa no ingresó en la Comisión de Disciplina, encargada de estudiar eventuales sanciones menores, sino directamente en la de Acusación, donde se decide si existen motivos para el juicio político y la destitución. Allí hay otra investigación pendiente contra el mismo juez por el caso Yoma.
La Comisión de Acusación del Consejo aún no fijo fecha, pero tiene previsto convocar a Liporace para una audiencia a fines de mayo. La audiencia no es por el caso SW, sino por la investigación que lleva adelante la diputada menemista María Leyla Chaya por su actuación en el llamado caso Yoma. Dos camaristas lo denunciaron ante la Justicia por devolver al Grupo Yoma un depósito judicial por un monto de 3,5 millones de dólares de una cuenta embargada, producto de reintegros de importaciones.
El fiscal Federico Delgado dictaminó que Liporace debe ser indagado por esa causa. En el ámbito judicial, esa investigación está en manos del juez federal Guillermo Montenegro.
La investigación del Consejo por la causa SW, en cambio, comenzó a tramitarse a comienzos de marzo a pedido de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. Esa investigación está a cargo del diputado radical por la provincia de San Juan, Jesús Mínguez, uno de los miembros del Consejo. Aunque Liporace será convocado en mayo por la causa Yoma, las resoluciones de la Cámara sobre el caso SW podrían estar presentes en la evaluación del Consejo. “Pedí la última actuación de la Cámara –le explicó ayer Marcela Rodríguez a este diario– para tener una evaluación de conjunto de las actuaciones del magistrado.”
Ambas causas tienen procedimientos y tiempos de iniciación distintos. Pero los resultados podrían ser los mismos: un eventual pedido de juicio político para Carlos Liporace. El dictamen de la Comisión de Acusación debe ser aprobada por el plenario del Consejo que, en definitiva, será el encargado de resolver si el juez deberá enfrentar un jury de enjuiciamiento.