En el Hospital Muñiz, todo profesional que efectúe un estudio clínico patrocinado por una empresa privada debe abonar a la institución un 15 por ciento del presupuesto total del estudio: lo recaudado se dedica a “proyectos de investigación en áreas que no cuenten con patrocinio”. La norma “da respuesta a uno de los ‘conflictos de intereses’ que generan más discordia en las instituciones públicas –comentó Ignacio Maglio, jefe de Riesgo Médico Legal del Muñiz–. La industria farmacéutica busca a los jefes de servicio porque tienen alta capacidad de reclutamiento de pacientes. Pero a ese jefe de servicio el Estado le paga por desarrollar su tarea en determinado lugar y horario: ¿qué pasa cuando, en ese mismo lugar y horario, ese médico firma contrato con un patrocinador, a veces incluso utilizando insumos del sector público? Esto genera discordias en el mismo equipo de salud, y propicia el enriquecimiento de personas y servicios, al mismo tiempo que otros, con presupuestos magros o mal administrados, se pauperizan”. La disposición también exige “constancias fehacientes de contratos de seguros de responsabilidad por daños relacionados con el estudio”, señaló Maglio, para que no termine pagando la institución pública.