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Para el gobierno porteño, la decisión judicial de amparar a unas 2000 personas para que no sean desalojadas de los hoteles contratados constituye una injerencia del Poder Judicial en funciones que son propias del Ejecutivo. Los amparos fueron concedidos hace más de un año ante una presentación de la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, en favor de personas sin techo albergadas en hoteles, cuando la administración se disponía a modificar la operatoria. Ahora, la Procuración porteña apeló la decisión judicial ante el Tribunal Superior de la ciudad.
“El alojamiento en hoteles estaba previsto como una solución transitoria, pero los amparos lo convirtieron en una situación definitiva. Y los lugares que se ocupan en esas condiciones impiden resolver otros casos de emergencia”, argumentó la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass.
Los hoteles contratados dieron pie a otra denuncia de Oliveira, esta vez ante la justicia penal, por presuntos pagos de sobreprecios. Se refiere a los contratos que se hicieron durante la gestión de Daniel Figueroa como secretario de Promoción Social. Por entonces se pagaban 4,5 pesos por día por persona.