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Por Fernando Krakowiak

Ann Pettifor, directora de la fundación inglesa New Economics, y Kunibert Raffer, economista de la Universidad de Viena, estuvieron en Argentina invitados por el diputado Mario Cafiero para proponer una salida a la crisis de la deuda externa. Ambos integran el movimiento internacional Jubilee que desde 1995 viene proponiendo la condonación de las deudas de los países más pobres. En esta entrevista con Cash afirmaron que “la dignidad humana está por encima del pago de la deuda”. Por eso proponen un arbitraje internacional que establezca un plan de pagos tomando en cuenta el procedimiento de insolvencia que se les aplica a las empresas privadas que se declaran en quiebra. Esto les permitiría a los países deudores garantizar la prestación de los servicios sociales, para recién entonces definir cuándo se puede pagar de la deuda. La propuesta subordina los contratos al principio de protección del deudor y, según Pettifor, “servirá para que los acreedores lo piensen dos veces antes de prestarles dinero a políticos corruptos, pues el pago de la deuda ya no estará por encima de las necesidades del pueblo”.
¿Qué solución proponen para el problema de la deuda externa argentina?
Kunibert Raffer: –Todos reconocen que la deuda externa es impagable, pero hasta el momento los acreedores otorgaron reducciones demasiado tarde y de una manera insuficiente, como en el caso del Plan Brady. El esquema actual es insostenible porque los países sólo pueden pagar tomando nuevos créditos que a su vez incrementan la deuda. Para revertir esta situación proponemos que deudores y acreedores se sometan a un arbitraje internacional para definir un plan de pagos justo y equitativo que contemple el derecho de los acreedores a cobrar y el derecho de los deudores a no cumplir el contrato si eso pone en riesgo su vida o viola la dignidad humana. La idea es aplicar en la esfera pública el procedimiento de insolvencia que se utiliza con los deudores privados. Consideramos que todos los contratos deben estar subordinados al principio de protección del deudor.
¿Hay algún país que aplique el procedimiento de insolvencia a los deudores públicos?
K. R.: –Generalmente se piensa que un deudor público nunca puede caer en bancarrota. Pero no es así. Hungría y Estados Unidos tienen leyes para la bancarrota de deudores públicos. En Estados Unidos las municipalidades están protegidas por el capítulo 9 del Código Legislativo que regula la insolvencia. Esto implica que la municipalidad está obligada a pagar sólo después de haber asegurado los principios sociales básicos de salud, seguridad y bienestar. A su vez, el capítulo 9 establece que la Corte no puede interferir en la definición de las políticas municipales y debe consultar a la población del municipio deudor antes de confirmar el acuerdo. Nosotros consideramos que los principios básicos de esta legislación se pueden aplicar al orden internacional.
Ann Pettifor: –El procedimiento de insolvencia también sirve para que los acreedores lo piensen dos veces antes de prestarles dinero a políticos corruptos. Hasta ahora, no se preocupaban porque el crédito debía ser pagado aunque eso implicara el hambre del pueblo.
¿Cómo se debería elegir al tribunal arbitral?
K. R.: –Proponemos el mecanismo que rige en el derecho internacional. Cada parte nomina una persona y después eligen a una tercera. El arbitraje lo puede realizar una institución ya existente, como la Corte de Justicia de La Haya o se puede optar por un arbitraje ad hoc. En este último caso, el Gobierno podría decidir que el Congreso o la población a través de elecciones elijan al elector. Es importante aclarar que los árbitros no representan a las partes. Son nominados y luego arbitran de modo neutral.
¿Alguna vez se realizó un arbitraje de estas características?
K. R.: –Hasta el momento no hubo arbitrajes, pero se puede tomar como ejemplo el caso alemán. En 1953, Alemania obtuvo una condonación de lamitad de su deuda y se estableció que sólo debía pagar si estaba en condiciones de exportar de manera suficiente. El milagro económico alemán fue posible debido al acuerdo que logró para el pago de su deuda.
¿Por qué los acreedores deberían aceptar un arbitraje si siempre se las arreglan para seguir cobrando las deudas a tasas usurarias?
K. R.: –Los acreedores deberían aceptar porque el esquema tradicional es insostenible y cuando fracase van a terminar perdiendo. Hasta el FMI reconoce que se debe cambiar. El problema es que ellos quieren seguir comandando las negociaciones, pero nosotros decimos que nadie puede ser juez en su propio caso. Cuando el FMI le dice al deudor lo que tiene que hacer, está siendo juez y parte. Ese esquema se debe reemplazar por un procedimiento transparente.
¿No sería mejor reemplazar los acuerdos individuales por una propuesta común que contemple el interés de todos los deudores?
A. P.: –Es casi imposible lograr que los deudores se junten. Hay muchas más diferencias entre deudores que entre acreedores. Los deudores compiten entre sí para pedirles plata prestada a los países del norte. El mejor ejemplo es lo ocurrido con Alan García en Perú durante la década del 80, cuando no pudo reunir a los otros deudores para elevar una propuesta conjunta.
¿Cómo reciben su propuesta los gobiernos de los países deudores?
A. P.: –En muchos casos somos repudiados porque los ministros de Economía de los países deudores siempre están negociando nuevos créditos y no quieren que nada interfiera con su pedido. En Ruanda nuestros representantes fueron apresados porque decían que estábamos desprestigiando al país. Sin embargo, nosotros creemos que la deuda no es sólo responsabilidad de los ministros. La población tiene que luchar para influir en la toma de decisiones porque siempre es la que termina pagando los créditos.