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Por Alfredo T. García *

En la década de los noventa el FMI implementó el concepto de “superávit fiscal primario” como una medición de la magnitud que los distintos gobiernos se comprometían a dedicar a los pagos de intereses de la deuda externa. El calificativo “primario” que también se asoció a la variable del gasto, implica considerar estas variables con anterioridad al pago de los intereses de la deuda.
Con esta metodología se dejó de hablar de “pagos de intereses de la deuda” reemplazándose por “superávit fiscal primario”, idéntico concepto pero que mediatiza la operación y le quita el significado emblemático de la palabra “pago”. En los últimos años, también se perdió el uso de la variable “superávit fiscal” a secas, sustituyéndose por su versión “primaria”, aunque contablemente son dos variables que miden situaciones distintas.
Desde el punto de vista económico, en un mundo que lucha contra la restricción impuesta a los déficit fiscales por la ideología inmanente del Consenso de Washington, con conocidos defensores de la desobediencia como Alemania, Francia y Estados Unidos, el concepto de superávit fiscal no tiene sentido desde el punto de vista de las políticas económicas. Si sobran recursos, los países los dedicarán a incrementar el gasto con el fin de fomentar el crecimiento económico, bastante esquivo en los últimos años, o bien reducir impuestos con idéntico objetivo, aunque esta última acción se ha tomado en muchos casos para beneficiar los intereses corporativos de las muy grandes empresas.
Sin embargo, para analizar la situación fiscal actual de nuestro país necesitamos reforzar algunos temas contables, que por supuesto tienen también una lectura económica muy importante.
Si a los 4000 millones de pesos de superávit fiscal primario que se obtuvieron en el primer trimestre de este año les restamos los 1610 millones pagados por intereses, nos encontraremos con el olvidado superávit fiscal a secas, que llegó a la friolera de 2375 millones, pesos más, pesos menos. Continuando con las definiciones contables, el superávit fiscal implica un ahorro financiero y nos lleva a reflexionar si la situación del país amerita que se ahorre, cuando aún hay altos niveles de pobreza y necesidades sociales no atendidas.
No resulta descabellado pensar, entonces, que dicho ahorro podría estar destinado en un futuro cercano a mejorar las condiciones de pago a los acreedores del Gobierno, dado que las medidas redistributivas que se han tomado recientemente como incremento de ingresos a determinadas capas de empleados públicos y de jubilados implican una erogación que no compromete los mencionados niveles de superávit. El otro camino es el de la reducción de impuestos, para que en los meses venideros dicho superávit fiscal no sea tan significativo.
Sin embargo, dedicar este ahorro al pago de intereses de la deuda comprometería la palabra empeñada por el titular del Ejecutivo en cuanto a no incrementar más allá del 3 por ciento del PIB los pagos por intereses de deuda. Pero continuando con el análisis contable, este férreo límite del 3 por ciento no impide mejorar la oferta a los acreedores privados, puesto que si se realizaran pagos en efectivo u otro beneficio de capital, como comentan algunos economistas vinculados con estos acreedores, tal pago no influiría en el superávit fiscal, ya que no son intereses sino cancelación del principal. De esa forma podría otorgarse un beneficio a los bonistas sin vulnerar la palabra comprometida por el Presidente.
La posibilidad de que se concrete dicha actitud está más allá del conocimiento de quien escribe, pero resulta interesante repasar cuestiones técnicas que nos permitirán analizar con mayor precisión lo que suceda con la deuda, cuya resolución es uno de los grandes desafíos que enfrentan hoy nuestra economía y nuestra sociedad.

* Director Cefim-IMFC.