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La creación de la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) ha vuelto a poner al Estado en el centro de la escena económica confirmando una tendencia de los últimos meses. Luego de una década en retirada, ha comenzado a intervenir de modo directo en el mercado asumiendo el manejo de empresas. En apenas un año, el gobierno de Kirchner estatizó el Correo y la gestión del espectro radioeléctrico, creó las compañías Enarsa y Líneas Aéreas Federales (Lafsa) y recuperó el control de parte de las inversiones en agua y peajes. El mayor protagonismo no fue producto de una estrategia de desarrollo premeditada sino consecuencia de incumplimientos empresarios y desajustes producidos por la crisis económica. El papel de las compañías estatales varía según el sector y, en algunos casos, incluye la promesa de una pronta privatización. Sin embargo, el resurgimiento del Estado empresario ha generado polémica, impensable hace algunos años, entre los defensores del libre mercado, los que reivindican una mayor regulación para incidir sobre la renta privada y quienes directamente defienden la gestión estatal de los servicios públicos. Cash detalla la situación de cada una de las flamantes empresas estatales.
n Energía Argentina S.A. Es la mayor apuesta empresaria del Gobierno. Fue lanzada como respuesta frente a la crisis energética para operar como compañía testigo en un mercado fuertemente oligopolizado como es el petrolero. Como la mayoría de los pozos han sido concesionados a empresas privadas, Enarsa comenzará realizando actividades de exploración, fundamentalmente off-shore. La actividad requiere fuertes inversiones, pero todavía no está claro el presupuesto que tendrá la compañía para operar. En el Gobierno esperan complementar el aporte del Estado con dinero privado a partir de la venta en el mercado bursátil del 35 por ciento de las acciones. Desde los sectores liberales, se afirma que la creación de una empresa pública no era necesaria porque el Estado cuenta con herramientas suficientes para regular el mercado petrolero sin necesidad de intervenir de manera directa. Sin embargo, en la mayoría de los países existen petroleras estatales, tal es el caso de Pdvsa en Venezuela, Petrobras en Brasil, Pemex en México, ENAP en Chile y Ancap en Uruguay. El proyecto argentino apuesta incluso a conformar una alianza con Pdvsa y Petrobras para gestionar una empresa regional con capacidad para hacer valer una mejor economía de escala y mayores posibilidades de financiamiento. La apuesta es atraer también capitales de Estados Unidos.
n Líneas Aéreas Federales. La compañía fue creada por el ex presidente Eduardo Duhalde, dos días antes de dejar el cargo. Se buscó preservar la fuente de trabajo de los empleados de las ex aerolíneas LAPA y Dinar y evitar un virtual monopolio de Aerolíneas Argentinas que entonces ya controlaba el 82 por ciento del mercado. El decreto de creación estableció que Lafsa operaría transitoriamente en manos del Estado hasta su privatización. En los últimos días surgieron versiones que indicaban que Lafsa estaba negociando con Lan Chile. Sin embargo, Alberto Bidart, presidente de Lafsa, afirmó a Cash que “son rumores que surgen para perjudicar al Gobierno, porque no estamos en conversaciones con Lan Chile”.
Desde septiembre, Lafsa opera gracias a un convenio de cooperación firmado con Southern Winds (SW), pues hasta entonces era una empresa con 873 empleados y ningún avión. El convenio establece que Lafsa aporte personal y combustible a cambio de contar con la infraestructura necesaria para comenzar a operar. Luego de ocho meses de vigencia del convenio, no está claro cuál es el beneficio del Estado. A Lafsa se le asignó un presupuesto anual de 67 millones de pesos provenientes del Tesoro Nacional. Ese dinero está siendo girado a SW para pagar combustible y salarios. Por lo tanto, no quedan recursos disponibles para desarrollar lacompañía estatal. Según informaron fuentes de la empresa a Cash, Lafsa tiene certificado para explotar servicios aéreos no regulares, pero no tiene aviones propios, rutas regulares asignadas, ni autorización para explotarlas y por ahora no recibe una parte de los ingresos generados por SW. La diputada Alicia Castro afirmó a Cash que “Eduardo Eurnekian, accionista de SW, consiguió a través de Lafsa el subsidio estatal que no pudo obtener cuando era propietario de LAPA”. El diputado y dirigente gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico Ariel Basteiro consideró, en cambio, que “la creación de Lafsa fue positiva porque permitió salvar los puestos de trabajo, pero nos preocupa la falta de decisión política para consolidar la empresa más allá del convenio con SW”.
n Correo Argentino. Fue el primer contrato de servicio público que se rescindió durante el gobierno de Kirchner por los incumplimientos del Grupo Macri. En la actualidad el servicio es gestionado por una Unidad Administrativa, pero en las últimas horas se estaba evaluando la conformación de una sociedad anónima estatal. En el Gobierno aseguran que el servicio volverá a ser privatizado, pese a que en la mayoría de los países permanece en manos del Estado. Excepto en Nueva Zelanda donde la gestión es privada, con la acción de oro en manos del Estado, y en Holanda, donde el 30 por ciento está en poder del capital privado. El correo suele operarse en condiciones monopólicas para garantizar un servicio universal a un precio accesible, sostenido a partir de subsidios cruzados entre las zonas de alta y baja rentabilidad. Sin embargo, en Argentina el correo oficial compite con 254 empresas postales registradas y más de 700 ilegales que trabajan sólo en las zonas rentables. El diputado Mario Cafiero presentó un proyecto que propone otorgarle al correo oficial la exclusividad del servicio postal universal de correspondencia simple, pero hasta ahora la estatización no fue acompañada por un cambio del marco regulatorio. Fuentes del Correo informaron a Cash que durante la actual gestión los ingresos se incrementaron un 10 por ciento y los gastos operativos se redujeron un 11 por ciento. También pronosticaron un superávit para el presente ejercicio, pero se negaron a arriesgar una cifra.
n Espectro radioeléctrico. La gestión del servicio pasó a manos del Estado a fines de enero cuando se anuló la concesión que había sido otorgada a la compañía francesa Thales Spectrum en 1997. Hasta entonces, Argentina era uno de los únicos tres países del mundo, junto con las repúblicas africanas de Gabón y Burkina Faso, que había privatizado las tareas de control del espectro radioeléctrico. Según el Gobierno, la concesión se rescindió porque Thales no concretó inversiones previstas en el contrato por 300 millones de dólares, pese a que durante los primeros tres años se quedó con el 75 por ciento de lo recaudado y en los años siguientes, con el 47 por ciento de un monto total estimado en 120 millones de pesos anuales. Un informe de la Auditoría General de la Nación destacó que entre 1997 y 2001 la rentabilidad promedio anual fue del 113 por ciento. Apenas se concretó la estatización, el Gobierno dejó en claro que el servicio no volverá a privatizarse. Desde entonces, la Comisión Nacional de Comunicaciones quedó a cargo del cobro de derechos. Según datos del ente regulador, en febrero, marzo y abril se recaudaron 41 millones de pesos, un 8,59 por ciento más que en el mismo período del año pasado. En ese momento, la recaudación había sido de 38 millones de pesos, pero al Estado sólo le quedaron 20,2 millones porque los 17,8 millones restantes se lo llevó Thales por la “gestión” del servicio.
Hasta el momento, las empresas estatales conforman un cuerpo heterogéneo del cual es difícil extraer un denominador común, porque el Gobierno combina reivindicaciones estatistas con escasez de recursos y promesas de inminentes privatizaciones. Sin embargo, el nuevo mapa muestra a un Estadodispuesto, en algunos casos, a rescindir concesiones o crear empresas nuevas cuando los privados violan compromisos para acrecentar su tasa de ganancia a costa de la población.