A Ricardo Jaime, secretario de Transporte, no le gusta posar para las fotos y es reacio a dar entrevistas. Pese a esas resistencias, aceptó dialogar con Cash sobre la situación crítica que atraviesan los trenes. “El Estado nacional no es más el Estado ausente que anunciaba medidas que después no tomaba”, advirtió cuando se lo consultó sobre la indefinición respecto del futuro de la concesión de Metropolitano, empresa a la que el Gobierno amenazó en reiteradas ocasiones con rescindirle el contrato por los incumplimientos en la prestación del servicio. Jaime aseguró que la sanción “puede ser desde una multa hasta la quita de la concesión”.
¿Le van a rescindir la concesión a Metropolitano?
–Estamos analizando la situación a partir de los informes que están haciendo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Subsecretaría que se ocupa del sector. Se está evaluando la gravedad del incumplimiento para determinar cuál va a ser la sanción. Puede ser desde una multa hasta la quita de la concesión.
El Estado ya le dio varios ultimátum a la empresa y todavía no hay una definición.
–El Estado nacional no es más el Estado ausente que anunciaba medidas que después no tomaba. Se anunció que íbamos a tener un presupuesto en el 2004 para impulsar el desarrollo ferroviario y tenemos cerca de 300 millones de pesos que estamos ejecutando. A su vez, tenemos otros 300 millones de dólares asignados por el Banco Mundial para invertir durante cinco años. El Presidente nos dijo que hagamos todos los esfuerzos necesarios para tener buenos servicios. Por eso ahora les vamos exigir a los concesionarios que hagan inversiones y que pongan todo de sí para que el servicio mejore día a día, porque la gente no puede seguir viajando así. Nosotros no queremos que sigan ocurriendo accidentes.
¿Cuál va a ser el plazo para decidir si se rescinde o no la concesión?
–Ese dato forma parte de la decisión política que el Presidente, el ministro de Planificación y yo debemos evaluar.
Si deciden rescindir, ¿no correrían el riesgo de tener que indemnizar a la empresa, dado que el contrato está vigente hasta el 2019?
–El contrato establece que si hay incumplimientos empresarios, se puede rescindir. Si se toma esa determinación es porque se han cumplido todos los aspectos legales. Además, todas las concesiones están en proceso de revisión y esa revisión incluye el análisis sobre su continuidad.
La empresa podría argumentar que desde la salida de la convertibilidad el Estado la obligó a fijar una tarifa que hace inviable el servicio.
–Desde la salida de la convertibilidad el servicio tiene una tarifa regulada, pero también tiene un subsidio por costo de explotación y, en el caso de las concesiones ferroviarias, supera los 16 millones de pesos mensuales. Además, el Estado recuperó las quince locomotoras de Mitsui para Metropolitano que habían sido secuestradas por la Justicia en abril del 2002. También compramos 16 coches dobles en Portugal para Metrovías y estamos gestionando ante los gobiernos de España y Francia la posibilidad de adquirir coches dobles y triples para los distintos servicios.
¿Por qué el Estado puso plata para recuperar las locomotoras de Metropolitano en lugar de obligar a la empresa a que lo haga?
–El concesionario había comprado esas locomotoras bajo el sistema de leasing. Pagó más de 30 millones de dólares y cuando vino la devaluación no pudo seguir pagando porque las cuotas estaban en dólares. Como el Estado tampoco estaba cumpliendo con el plan de inversiones anunciado, el concesionario dejó de pagar. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que nosotros hemos pagado 21 millones de pesos, pero las quince locomotoras pasan a formar parte de nuestro patrimonio, porque al ser una concesión la totalidad del material rodante sigue siendo del Estado nacional.
¿Hay inventarios donde figure que se les entregó a los concesionarios al comienzo de la concesión?
–Sí, cada concesión tiene un inventario patrimonial que incluye el material rodante e informes técnicos sobre cuál era el estado de las vías y la situación de las estaciones. Hay un informe muy detallado de cada una de las concesiones que está en poder de la comisión de revisión de los contratos.
En el 2002, Metropolitano eliminó muchas comodidades de los vagones con el argumento del vandalismo. ¿Esas reformas fueron autorizadas?
–Esas reformas están siendo penalizadas porque no estaban habilitadas. Desde octubre del 2002 a la fecha, las cuatro líneas acumularon 18 millones de pesos en multas y el 90 por ciento de esas multas las concentró Metropolitano.
Si el Gobierno invierte en infraestructura y subsidia la explotación del servicio, ¿qué es lo que pone el concesionario privado?
–El privado tiene que realizar la operación del servicio en nombre del Estado, pagar los sueldos del personal, garantizar la seguridad, realizar la limpieza de las estaciones y terminales, invertir en obras como las que se están haciendo en las terminales de Retiro, Constitución y Once, y asegurar el mantenimiento de los vagones. Todas esas obligaciones están contempladas en el contrato de concesión.
¿Por qué cree que se deterioró tanto la prestación del servicio?
–No hay que abstraerse del origen de las concesiones. En 1994 y 1995 se concesionaron los servicios del área metropolitana por 10 y 20 años. En 1999, la mayoría de los contratos se prorrogó por 20 años y se estableció que el Estado iba a hacer un plan de inversiones de 3700 millones de dólares con fondos propios e inversión de los concesionarios a través de un fondo fiduciario que justificó un aumento tarifario. Esas inversiones no se hicieron, salvo algunas muy puntuales. En el 2001 se ratificó el plan, pero después estalló la crisis. Entonces, a medida que salimos de la crisis, se comienza a generar una mayor demanda en un servicio que no tiene la calidad, el confort y la frecuencia que se está requiriendo. Entre el primer cuatrimestre del 2003 y 2004 hay un crecimiento de casi 11 millones de pasajeros en los trenes.
En todas las concesiones no se viaja igual. No es lo mismo el Urquiza que el San Martín o el Sarmiento.
–En el caso de Metropolitano se debe tener en cuenta el secuestro judicial de las quince locomotoras. Recién ahora hemos podido destrabar la situación e incorporar las máquinas en forma proporcional a los tres servicios que tiene la concesión. El servicio también tiene que ver con la magnitud de los pasajeros transportados. El Roca tiene 9 millones de pasajeros mensuales, el Sarmiento entre 9 y 10 millones de pasajeros y el San Martín supo tener 4,5 millones de pasajeros mensuales. Son los servicios que más transportan, por eso requieren más inversiones y más frecuencias. El Urquiza sólo tiene 2,3 millones de pasajeros mensuales.
¿El Estado realiza estudios para determinar cuáles son los costos del servicio?
–Nosotros realizamos un estudio de los costos de cada empresa para saber cuáles son los ingresos y egresos que tiene. El análisis se realiza debido a que la tarifa está congelada y las empresas reciben un subsidio.
A partir de ese estudio, ustedes pueden asegurar que los concesionarios deberían estar en condiciones de garantizar un servicio digno.
–Las empresas y el mismo Estado están obligados a garantizar un servicio digno. Por eso aumentamos el presupuesto, realizamos inversiones y exigimos que las empresas también hagan inversiones. Incluso Metropolitano ahora está anunciando inversiones destinadas a automatizar puertas y a electrificar el servicio.
Durante la campaña, el Gobierno prometió que el Estado tomaría el control de la infraestructura ferroviaria nacional y limitaría las concesiones a la operación comercial del servicio. ¿Esa propuesta sigue en pie?
–El Estado es el único que determina dónde se hacen las inversiones. Eso está estipulado en el contrato. El concesionario no puede hacer ninguna obra que no esté autorizada por el Estado.
¿Pero el Estado invierte de manera directa o le da el dinero al concesionario?
–Puede ser de las dos maneras, nosotros licitamos o dejamos que licite el propio concesionario, pero siempre es un procedimiento público. Se hace un concurso, el concesionario invita a tres o cuatro firmas y nosotros somos los que aprobamos ese concurso.