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Por Ruben M. Lo Vuolo

La manipulación de datos sobre la pobreza en el país es otra vez motivo de controversias. Hace un tiempo, el Ministerio de Economía redujo la cantidad de pobres utilizando precios más bajos para medir su canasta familiar, argumentando que ellos consumen otros bienes que valen menos que el “promedio” del consumo de la sociedad. Ahora corrigieron adjudicando beneficios del programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) a un universo que no registraría la muestra de la EPH.
La idea de que los pobres compran “más barato” porque consumen bienes de “menor calidad” desconoce que, en muchos casos, pagan precios relativamente más caros porque compran por menor cantidad, están sujetos a financiamientos más onerosos o no se benefician con descuentos. En el mismo sentido se ubica la arbitraria imputación de beneficios del PJyJHD. Han sido abundantes las críticas técnicas a estos criterios de ajuste (utilización de fuentes de información diferentes, adjudicaciones arbitrarias de unidades estadísticas). Coincidiendo con esas críticas, lo que interesa destacar aquí es que esos ingresos provienen de un programa transitorio, de dudoso financiamiento, cerrado al acceso a nuevos beneficiarios y que el propio gobierno cuestiona e intenta reformular. Esto es, la “fuente” desde donde se extraen los ingresos es muy precaria y vulnerable.
Esos ajustes son consistentes con la siguiente postura ideológica que perdura en el país: a los pobres hay que medirlos con precios diferentes, con consumos diferentes y con ingresos que provienen de fuentes diferentes de los no-pobres (¿normales?). Esta postura ideológica es tributaria de una confusa mezcla de tres visiones.
Una puede llamarse asistencial represiva y se acerca bastante a la que prevalecía en Europa desde fines del siglo XV al XIX. Aquí la pobreza se ve como un peligro social y político del cual habría que ocuparse mediante una combinación de asistencia, reeducación y represión. Para ello habría que distinguir entre pobres “buenos” que hacen esfuerzos para salir por sus propios medios de su situación, aceptando los planes de asistencia social, y los pobres “malos” que no se avienen a este modo de “regulación” y perturban el orden.
Otra visión puede llamarse caritativa y entiende a la pobreza como éticamente insostenible, reclamando solidaridad hacia los afectados. Esta visión desnaturaliza la idea de derechos sociales, en beneficio de una ética personal entre el donante y el receptor. A diferencia de la filantropía privada del siglo pasado, la caridad ahora se ejerce por organizaciones “especializadas” (ONG). Una variante de esta visión es la que promueve la solidaridad de los pobres entre ellos mismos, mediante la “autoorganización” y la “participación”, convencidos de que la pobreza tiene ciertas virtudes morales y los pobres pueden construir un mundo propio para solucionar sus problemas.
La tercera visión puede llamarse modernista-tecnocrática. Aquí la pobreza sería una enfermedad que hay que erradicar para que no infecte el cuerpo sano de la economía y la sociedad. Se trata de analizar caso por caso para saber cuál es el virus que tienen los carentes de capacidades (madres solteras, jóvenes, sin educación). La solución pasa porque ninguna política para los pobres afecte lo que se considera una política económica “sana”, porque en el largo plazo los pobres recibirían por derrame gotas de lo que los normales podrán acumular en balde. Esto les permitiría ejercer como productores potenciales, ya sea en microemprendimientos o aumentando el valor de su “capital humano” para ser más vendibles en el mercado de trabajo.
En mayor o menor medida, hace muchos años que estas visiones imperan en el país. Las tres postulan modos de regulación diferentes para los pobres que para los no-pobres y por eso el esfuerzo está en mejorar las técnicas de administración de la pobreza que ponen su acento en cuantificar, clasificar y administrar pobres, tarea emérita de los gerentes sociales que cobran honorarios de no-pobres. Los resultados son estas pobres políticas de la pobreza y un gran negocio en cursos, contratos, subvenciones, créditos de organismos internacionales.
Desde estas visiones, y con estas políticas y prácticas, no se pretende la “erradicación” de la pobreza sino su perduración de manera controlable. Los pobres no deben ser regulados de modo diferente y estigmatizante sino incluirlos en los procesos distributivos de las políticas universales que también regulan a los no-pobres. La variable clave a medir (y el instrumento de acción) es la distribución de los recursos que se producen socialmente.

* Director Académico. Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).