[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Josefina Vaca *
y Horacio Cao **

El federalismo argentino tiene un mecanismo clásico de trabajo que gira alrededor de la determinación, por parte de la jurisdicción nacional, de una serie de pautas generales que las provincias adoptan o resisten en mayor o menor medida. El esquema económico político de los ‘90, construido alrededor del ajuste estructural y la convertibilidad, hizo que también en la dimensión Nación-provincias el equilibrio fiscal fuera valorado como “el” elemento crucial.
Como consecuencia, cualquier política diseñada por la Nación para las provincias –en salud, educación, justicia, etc.– era tamizada según su capacidad de lograr bajar el gasto o incrementar los ingresos. Para instalar en todas las provincias y en todos los temas la agenda del ajuste, un batallón de técnicos ligados al Ministerio de Economía de la Nación desembarcó en las diferentes jurisdicciones portando un complejo sistema de premios y castigos (transferencias extraordinarias, amenaza de destierro partidario, etc., lo que en lenguaje llano llamamos palo y zanahoria), irresistible para la mayoría de ellas.
Así fue que el escenario político, económico y social quedó intoxicado por la agenda neoliberal y temas como el desarrollo regional o el estado de derecho aparecían como aspectos menores, o al menos subordinados a su lógica. Para colmo de males, el ajuste en el sector público no tomó la forma virtuosa de producirse a partir de incorporaciones tecnológicas que incrementaran la productividad sino que, por el contrario, se sustentó en el recorte en la calidad y cantidad de servicios que recibían los segmentos más débiles de las respectivas sociedades provinciales.
La frase con que algunos sectores defendían al gobierno nacional “roban pero hacen”, se traducía en las provincias con buen desempeño hacendario como “destrozan las instituciones (o multiplican la pobreza) pero no generan déficit”.
A partir de la devaluación del peso y la salida de la convertibilidad, el equilibrio de las cuentas públicas ha dejado de ser el elemento medular de la política argentina. Si bien es una situación que no está totalmente consolidada (queda definir, por ejemplo, si se saldrá del default y bajo qué esquema), puede preverse que salvo que se cometan graves desatinos en la gestión del erario o sobrevenga una catástrofe económica, en el corto y mediano plazo, no tendrían que observarse turbulencias en el ámbito financiero fiscal.
El cambio de contexto ha abierto la puja ideológica y de intereses por fijar los contenidos de la nueva agenda política. Y en este sentido, la provincia de Santiago del Estero –por estar a cargo de una intervención federal y por su alta exposición en los medios nacionales– presenta todos los ingredientes para convertirse en un caso testigo de influencia cardinal en lo que será la agenda de políticas que el Estado nacional diseñará para las provincias durante los próximos años.
La intervención federal ha tenido una definición bastante clara al respecto: el nudo de su tarea de gobierno está dado por el despliegue de una agenda de reforma institucional dirigida a fortalecer la independencia y la calidad de la Justicia, establecer reglas claras en el sistema electoral, operar sobre los sobrecostos que el sector público tiene por la corrupción generalizada, minimizar la utilización clientelar de la ayuda social.
Esta agenda de trabajo plantea dos desafíos de envergadura. En primer lugar, al desplegarla la intervención federal se enfrentará a varios de los actores más poderosos de la provincia, como ya está ocurriendo. De hecho, uno no puede menos que sospechar que la revisión de los escandalosos contratos que el Estado tenía con algunas empresas es lo que dispara campañas de prensa desplegadas en medios provinciales “casualmente” controlados por esas mismas empresas. O que los rebuscados análisis doctrinarios con que se oponen a la reforma constitucional dirigentes que en el pasado convalidaban las decisiones más ridículas del poder juarista, no tiene como origen otro interés que el de preservar una cuota de poder.
El segundo desafío tiene que ver con determinar si la calidad institucional que se espera alcanzar podrá dar respuesta a las necesidades del grueso de los santiagueños. Si facilitará el derrame hacia los más débiles, si modificará un sistema político basado en el patronazgo y el clientelismo, si permitirá el cambio de un modelo económico basado en el gasto público y en la explotación irracional de los recursos naturales de la provincia.

* Licenciada en Educación.
** Doctor en Administración.