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Por Claudio Lozano *

Nada fundamenta la tesis que sostiene que un canje exitoso y, por lo tanto, la salida del default abran una nueva etapa para la economía argentina. Por lo menos si por tal cosa se entiende la remoción de los problemas estructurales que exhibe el país, y la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo que incluya al conjunto de la sociedad. En el mejor de los casos, el éxito del canje oxigena la recomposición de la actividad económica que se asienta en el no cuestionamiento del régimen impuesto por el neoliberalismo.
Ninguno de los problemas centrales que exhiben la economía y la sociedad argentinas se resuelve con la salida del default. Es más: puede sostenerse que el gobierno ha dilapidado el oxígeno político y económico que otorgó el contexto del default al no poner en marcha las reformas necesarias para sostener un nuevo proyecto de reindustrialización y redistribución del ingreso.
Desde esa perspectiva, los problemas centrales de la Argentina son:
1. Una base económica y productiva que sostiene su competitividad en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la pauperización de la sociedad y la depredación de los recursos naturales.
2. Un régimen de concentración de mercados que transforma las etapas de recomposición de la actividad económica en procesos de igual o mayor regresividad en la distribución del ingreso.
3. Un esquema productivo –resultante de la desindustrialización– donde las importaciones crecen cinco veces más que las exportaciones, que agotará en poco más de un año el saldo positivo del comercio exterior, y que hará depender el crecimiento del ingreso de inversiones extranjeras o de mayor endeudamiento.
4. Un esquema fiscal frágil y vulnerable que, al no promover una reforma impositiva que grave a los sectores de mayores ingresos y no replantear el régimen previsional, hace depender su futuro del nivel de actividad y de los precios internacionales.
Como es obvio, los problemas expuestos requieren de una nueva estrategia productiva, de políticas públicas explícitas de distribución del ingreso y regulación de mercados (privatizadas), y de una reforma impositiva y previsional. Estrategias éstas que debieron preceder y condicionar política y económicamente los criterios que se adoptaban en materia de renegociación de la deuda. Hemos demostrado, en ocasión de la discusión del Presupuesto 2005, que el gobierno podría haber invertido unos 18 mil millones de pesos para transformar el año en curso en el comienzo de un proceso de reindustrialización y distribución progresiva de los ingresos, y no lo hizo en función de “hacer caja” y resolver previamente la negociación de la deuda.
Con un canje exitoso, la deuda total se reduce en un 30 por ciento, pero mantiene un elevado peso sobre el PIB: 85 por ciento. En ese contexto, más allá del comportamiento del capital de corto plazo, el escenario es el de una Argentina que va a pagar más que lo que ha venido haciéndolo, y donde no existen razones para que la inversión extranjera directa evidencie un comportamiento distinto del histórico.
En este sentido, corresponde precisar que los verdaderos determinantes de la inversión directa en una economía con agentes dominantes trasnacionalizados, y que disponen de financiamiento vía sus casas matrices o por la disponibilidad de fondos fugados, dependen de la rentabilidad esperada.
Si bien este gobierno, a diferencia de los anteriores, ha realizado una negociación que se traduce en la quita del 30 por ciento ya señalada, lo ha hecho siguiendo una lógica convencional que supone “no politizar la cuestión del endeudamiento” y respetar los factores de poder que ataron su reproducción al fenómeno de la deuda.
1. No se abrió una instancia de investigación jurídica y política sobre el proceso de endeudamiento.
2. Más allá del discurso sobre la corresponsabilidad de los organismos multilaterales, se les reconoció a éstos la categoría de acreedores privilegiados, ayudando así en la política de reducir la exposición crediticia de los mismos sobre nuestro país.
3. Los bancos trasnacionales y locales que operan en la plaza financiera argentina fueron compensados por el gobierno de Duhalde sin que se opere revisión alguna sobre esa medida.
4. Se ha garantizado la continuidad del régimen previsional privado.
5. No se ha promovido una reforma impositiva, ni se ha puesto en discusión la fuga de capitales, a efectos de que sean los beneficiarios del endeudamiento quienes asumieran dominantemente los costos de su pago.
6. La quita en este marco resulta moderada (y alejada de las necesidades argentinas) y recae sobre los acreedores locales y extranjeros más débiles.
Por lo tanto no conviene sobrecargar de expectativas paradisíacas el futuro de la Argentina post-canje.

* Mesa Nacional CTA - Diputado nacional.