Por Ricardo De Dicco *

Cuando en 1992 fue sancionado el marco regulatorio del sector eléctrico (ley 24.065) se produjo un cambio drástico en ese mercado: desintegración vertical y horizontal de las empresas estatales nacionales Agua y Energía Eléctrica, Segba e Hidronor, como también de las provinciales y de las cooperativas eléctricas que operaban en el interior, las cuales fueron segmentadas en nuevas unidades de negocio: generación, transporte y distribución. En este sentido, el programa de privatización dio como resultado la creación de tres distribuidoras para Buenos Aires, una transportadora de alta tensión y seis distribuidoras troncales para el interior del país, todas ellas operando en forma monopólica, salvo las generadoras (centrales termoeléctricas e hidroeléctricas), que compiten en el mercado en la oferta de suministro eléctrico. En el caso del segmento gasífero, ese mismo año es sancionado el marco regulatorio del gas (ley 24.076). Con esta ley se privatiza Gas del Estado y se crean dos transportistas y ocho distribuidoras troncales, y años más tarde una novena.

La ley 24.065 estipulaba que ninguna empresa que participara en una actividad determinada podía hacerlo en otra. Por ejemplo, si la prestataria era una generadora, no podía ser simultáneamente transportista o distribuidor. No obstante, durante los ‘90 el mercado eléctrico volvió a integrarse vertical y horizontalmente. Lo mismo se replica en la cadena gasífera: los transportistas participan en la distribución troncal y consumo industrial del gas natural. Más aún, son los propios productores de este fluido quienes participan en toda la cadena gasífera.

Si bien esto es violatorio de los marcos regulatorios, los funcionarios públicos que presidían los entes gubernamentales pertinentes hicieron la vista gorda, dando por consiguiente el establecimiento de un oligopolio energético, que hoy se encuentra conformado por Repsol-YPF, TotalFinaElf, Pan American Energy, Petrobras, Techint y Sociedad Comercial del Plata. Es decir, conglomerados extranjeros y grupos económicos locales que operan en todos los eslabones correspondientes al circuito productivo del petróleo, en los de la cadena gasífera y en los del segmento eléctrico –incluido el consumo industrial de energía eléctrica y combustibles fósiles, líquidos y gaseosos–. De esta forma, la nueva élite del poder forma precios de combustibles y tarifas de electricidad y gas en un contexto de anarquía de mercado.

Cabe señalar que la dolarización e indexación de las tarifas eléctricas según la evolución de los precios estadounidenses resultaron violatorias de la ley. Y, por consiguiente, permitieron a las empresas del sector internalizar rentas extraordinarias, que en ningún momento fueron invertidas en infraestructura y desarrollo tecnológico, sino más bien transferidas al exterior. Al mismo tiempo extorsionaban al Estado con la amenaza de producir apagones si no se redolarizaban las tarifas (desde 2002 hasta el presente).

Lo mismo ocurrió con las tarifas del gas. Las compañías violaron el marco regulatorio y el régimen de convertibilidad, y la captación de ingresos extraordinarios no produjo expansión alguna de la red troncal de gasoductos. Por consiguiente, más de 13,5 millones de argentinos carecen de provisión de gas por redes. Con la transferencia de ingresos de los consumidores residenciales –los más cautivos– se construyeron 10 gasoductos que tienen como único destino la satisfacción de mercados extranjeros. En la actualidad, los aumentos tarifarios y de combustibles violan la Ley de Emergencia Económica.

Las reiteradas violaciones a la legislación nacional y las prácticas extorsivas por parte del oligopolio energético hablan mal de la gestión privada de los servicios públicos, y de la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y derivados. También se debería evaluar en la renegociación de los servicios públicos el grado de cumplimiento contractual de cada prestataria. Además, se tendría que investigar a los directores ejecutivos de las privatizadas y a los funcionarios públicos de los entes reguladores y de la Secretaría de Energía que violaron la legislación y atentaron contra la soberanía nacional.

Argentina es un país altamente dependiente de hidrocarburos. Las petroleras no exploran y exportan violando la Ley de Hidrocarburos, que prohíbe las exportaciones cuando el mercado interno no está satisfecho. La actual administración está informada sobre esa cuestión. Cabe entonces esperar que la decisión del Gobierno sea en beneficio de la sociedad en su conjunto.

* Investigador del Moreno y del Idicso (Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador).