Lo único negro de la Pampa Húmeda, la región agrícola más rica del país, no es la gruesa capa de humus que recubre los campos. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Trabajo, el 70 por ciento de los trabajadores rurales no se encuentra registrado. Sobre un estimado de 1 millón de trabajadores en todo el país, existían registrados en enero pasado 282 mil. Además, el salario promedio del empleo rural en blanco se encuentra en 762 pesos brutos, lo que da un salario de bolsillo en torno a los 650 pesos. Este monto está apenas por encima de la mitad del promedio de los trabajadores no agrícolas, que reciben un bruto de 1340 pesos. Pero en el caso del empleo no registrado la situación se agrava. Se estima que el salario en negro se encuentra en el 60 por ciento del percibido por el trabajador registrado, esto es: un promedio por debajo de los 400 pesos.

Si bien tanto desde el sector sindical como desde el Gobierno se enfatiza la dimensión puramente económica de este problema, es decir la parte que el Fisco deja de recaudar, el empleado de percibir y la cuota para el sindicato, existe otra dimensión más preocupante y oscura que normalmente suele quedar fuera del debate. Junto con la construcción, el sector rural es el que registra los mayores índices de accidentes laborales y, dentro de ellos, de muertes.

De acuerdo con datos de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, estos siniestros se producen por el uso de la maquinaria agrícola, de las instalaciones fijas, como silos y “chimangos” (elevadores de granos), y también por los accidentes con animales, donde el más común es la caída del caballo. Los últimos datos de la Superintendencia del Trabajo, que corresponden al 2003, presentan un indicativo. Con más de 32 mil accidentes en el año, la siniestralidad rural representaba entonces el 8 por ciento del total. Sin embargo, cuando se analiza el número de muertes, éstas alcanzan al 13,7 por ciento del total, un valor sólo superado por los accidentes de tránsito. Dado que el empleo en negro sectorial llega al citado 70 por ciento, las cifras oficiales reflejan sólo parcialmente la realidad. Extrapolando, este 13,7 por ciento podría superar el 20 y convertir al campo en el sector donde se produce el mayor número de muertes por accidentes laborales. La informalidad agrava particularmente la situación de indefensión del trabajador y su familia.

Desde las entidades que representan a los empresarios del campo argumentan que los altos niveles de trabajo en negro están asociados al fuerte componente de estacionalidad de la producción agropecuaria, lo que, sostienen, debería ser tratado de una manera diferencial desde el punto de vista fiscal.

Una opción para combatir este problema que considera el Ministerio de Trabajo es el impulso de los llamados “convenios de corresponsabilidad” para crear un fondo que atienda la seguridad social sectorial. Este fondo podría financiarse con un impuesto sobre las ventas del campo. Otros mecanismos que fueron especialmente creados para combatir la informalidad, como el Renatre, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, y la “Libreta” del trabajador rural, han demostrado, a juzgar por la continuidad de la intensidad del problema, un escaso resultado. Desde Uatre, el sindicato que agrupa a los trabajadores rurales, destacan sin embargo el blanqueo de 70 mil trabajadores y la creación del seguro de desempleo. Además esperan que las cifras de blanqueo se potencien cuando próximamente el Renatre inicie tareas de control.

Cabe recordar que, desde la devaluación, los empresarios del campo multiplicaron por cinco sus ingresos en pesos, gracias tanto a la mejora cambiaria como a la considerable suba de los precios internacionales.