El actual inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, quien declaró la guerra a las sociedades offshore en septiembre del 2003, reforzó su política con las nuevas Resoluciones Generales Nº 2, 3 y 4 de este año. Las medidas adoptadas tienen un claro objetivo y su aplicación hasta el momento parece irrefutable. Sin embargo, pese a su firmeza, la situación es más compleja de lo que pueda parecer y hace difícil creer que exista un final previsible. Es indudable que las sociedades offshore constituyen hoy en día la base de importantísimas operaciones no sólo de la Argentina, sino también de transacciones comerciales de todo el mercado mundial y por eso censurarlas puede traer más serias implicancias de las esperadas. La alternativa de regularización presentada por el inspector mediante la Resolución General Nº 12 no es una verdadera salida a las numerosas sociedades de este tipo en actividad. La regularización propuesta es algo impensable para negocios que están basados justamente en su desregularización. Es probable que esto explique por qué en una economía sostenida con tan significante participación de sociedades offshore, haya tan pocas solicitudes de regularización. Si bien por las nuevas resoluciones las sociedades que no se regularicen no pueden inscribir ningún acto ante la IGJ, lo cierto es que el organismo a la fecha no ha solicitado ninguna disolución. Esto significa que si bien la actuación habitual de la offshore no es reconocida por el organismo, no pudiendo sus actos ser oponibles a terceros, no necesariamente sus actos se encuentran afectados de validez. Generalmente las sociedades offshore se constituyen en los llamados paraísos societarios y éstos, como los paraísos fiscales, industriales, ecológicos, o como se los denomine según su especialidad, se encuentran instalados en el corazón mismo del capitalismo. Realmente es difícil de creer que el inspector gane su apuesta. La teoría puede ser impecable, pero insostenible cuando se intenta aplicarla. Así también las autoridades de los países más desarrollados que dicen luchar contra los paraísos mediante la OCDE, se nutren del sistema establecido, mientras sólo hacen irrisorios esfuerzos y mantienen su doble discurso. ¿Podrá la Inspección General de Justicia llevar adelante sus resoluciones mediante el Poder Judicial y deshacerse de las sociedades desobedientes? Los hechos generalmente han demostrado y aun en cuestiones de menor cuantía, que el Poder Judicial y el poder político tarde o temprano ceden ante el poder económico. Según la Resolución General Nº 2 de este año, en el próximo mes de mayo vencerá el plazo para que las sociedades inscriptas regularicen susituación y para que la IGJ comience a solicitar judicialmente la cancelación de las inscripciones. Si bien la mayoría de las sociedades offshore no están inscriptas por razones obvias, esta fecha será sin duda el comienzo de algunas batallas judiciales y servirá para observar qué tan posible es la lucha contra este tipo de sociedades.

Ignacio Molinari
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