El Fondo Monetario Internacional está en su peor momento desde que fue creado hace sesenta años. Carga con un notable desprestigio, no sólo en círculos progresistas e históricamente críticos de su influencia, sino ahora también en sectores del poder económico internacional que cuestionan su labor en los años recientes, donde el caso argentino sobresale en forma nítida como el mal ejemplo. Es así como desde la llegada del gobierno republicano de George Bush, el país con mayor cantidad de votos le ha retaceado protagonismo y financiamiento: por un lado, Estados Unidos le ha quitado buena parte del rol que tenía como prestamista de última instancia armando paquetes de salvataje y, por el otro, ha mantenido la negativa al aumento de capital solicitado por la institución.

El Fondo además ha perdido la batalla para erigirse como árbitro en los casos de default. Primero fue el veto del poder político estadounidense y de Wall Street al esquema de quiebras soberanas que había ideado la ex dama fuerte Anne Krueger y, después, para colmo, la Argentina demostró que es posible salir exitosamente de un default de tamaño gigantesco sin el aporte de recursos, ni la coordinación ni la supervisión del FMI.

La pérdida de su injerencia se refleja también cuantitativamente. El monto de préstamos pendientes de reembolso se redujo en forma significativa y su grado de concentración es elevadísimo: Brasil, Turquía y la Argentina representan nada menos que dos tercios del total. A lo que se puede agregar que el primer deudor acaba de anunciar que irá cancelando sus pasivos con recursos propios, es decir fuera de un acuerdo de financiamiento y sin la correspondiente condicionalidad que impone el Fondo.

Sin llegar al extremo de encarrilarlo en “vías de extinción”, como se atrevió un encumbrado miembro del equipo de Roberto Lavagna, ya no se lo ve como una máquina política arrolladora sino más bien como una formación debilitada, en retroceso y, para peor, sin rumbo definido. Será por eso que algunos dedican su esfuerzo intelectual a buscarle nuevas funciones y encontrarle las herramientas apropiadas.

Es el caso del economista de la Universidad Torcuato Di Tella Eduardo Levy Yeyati, quien junto con su colega italiano del Departamento de Estudios del FMI, Tito Cordella, propone que ante el fracaso del FMI como prestamista de última instancia en casos de corridas financieras, la institución arme un seguro “para atender crisis de liquidez”, que “supondría la creación de una ventanilla a través de la cual los países habilitados tendrían acceso automático a una línea de crédito, a una tasa de interés previamente acordada”. El proyecto esbozado en un trabajo titulado A new country insurance facility (Un nuevo seguro para los países) se basa en dos principios: “La certeza en cuanto a la habilitación del país y, en segundo lugar, que los países habilitados estén en condiciones de reembolsar sus obligaciones a las tasas de interés acordadas y sin necesidad de mejoras poco realistas en su situación fiscal”. Los autores sugieren como “criterios naturales para la habilitación normas como las de Maastricht sobre la relación deuda/PBI o el déficit fiscal”. Queda claro que la automaticidad y la objetividad de habilitación de este mecanismo le quitarían al FMI su consabido albedrío para imponer condiciones, y por lo tanto consagrarían su actual debilidad política.

Mientras el Fondo está bastante a la deriva y algunos lo imaginan como una mera compañía de seguros, la experiencia argentina del default y su posterior recuperación sigue asustando a algunos y tentando a varios otros. En Filipinas, por ejemplo, el fuerte crecimiento posdefault y el exitoso canje de deuda tentó a fuerzas opositoras a imitar “una política que se focalizó en resolver los problemas domésticos, para lo que fue necesario dejar de lado las prescripciones del FMI”, señaló el diputado Satur Ocampo. Su descripción sobre la Argentina es elemental y ciertamente discutible, pero no hay duda de que en el mundo muchos la perciben de esa manera, y la toman como ejemplo de ruptura con el paradigma dominante en los años ‘90. Es natural que en Filipinas haya varios que impulsen el camino del default, habida cuenta de que sólo los intereses de su deuda externa se llevan un tercio del presupuesto, una desproporción similar a lo que sucedía aquí en los últimos años de la convertibilidad.

Por ahora el gobierno de Filipinas resistió los embates de la oposición (que llegó a presentar un proyecto legislativo para crear un “Consejo para aliviar la deuda”) y se sobreesfuerza en cerrar el déficit fiscal que provoca el pago de intereses. Pero el precedente argentino existe y no pasa desapercibido. La última cobertura de la agencia Bloomberg sobre Filipinas termina advirtiendo que ese gobierno y varios otros de la región asiática “están obligados a trabajar arduamente para que los países no caigan en la tentación argentina”.