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Con cada nuevo aumento de precios de la canasta básica de alimentos crece la cantidad de personas con ingresos inferiores a los necesarios para cubrir un umbral mínimo de requerimientos energéticos y proteicos. Aun en el caso de que los ingresos no sigan deteriorándose, si la inflación evoluciona al mismo ritmo del primer cuatrimestre, a fin de año uno de cada tres argentinos va a ser indigente. Bajo el mismo supuesto, en diciembre próximo dos de cada tres van a ser pobres. En los últimos cuatro años la cantidad de personas que cayó por debajo de la línea de indigencia creció un 130 por ciento. Dos factores determinaron ese deterioro: un decenso de ingresos desde 1998 que alcanzó al 40 por ciento para los sectores de menores recursos y un aumento del 35 por ciento en los precios de la canasta básica de alimentos desde la devaluación. Con la inflación registrada hasta abril, una de cada tres personas ya es indigente en Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
Están fuera del capitalismo: no tienen nada para vender, porque nadie requiere su fuerza de trabajo, ni pueden comprar, porque no poseen dinero. En general, viven de la ayuda social, de la limosna o de alguna changa. Y son los que más sufren la inflación porque sus pocas monedas las utilizan para conseguir alimentos, que son los bienes que más aumentaron.
Con los niveles de precios de abril, el Indec considera indigente a una familia de cinco o más personas con ingresos inferiores a 274 pesos mensuales. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos de CTA, dirigido por Claudio Lozano, a este ritmo inflacionario, si no se revierte la situación de ingresos de los que menos tienen, a fin de año en Chaco, Formosa y Entre Ríos dos de cada tres personas van a ser indigentes. Y en Misiones y Corrientes la mitad va a sufrir la misma carencia.
Todas las familias de cuatro o más personas que reciben ingresos inferiores a 598 pesos son calificadas por el Indec como pobres, porque no alcanzan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios. El 49 por ciento de la población nacional padece esa situación. En Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Entre Ríos y Misiones dos de cada tres personas son pobres. Para Lozano, si la evolución de ingresos y precios se mantiene constante, en diciembre el difícil escenario de esas provincias se trasladará a nivel nacional: con una inflación anual del 80 por ciento, dos de cada tres argentinos van a ser pobres. En las provincias más carenciadas, por ejemplo Corrientes, la pobreza cubrirá al 90 por ciento de la población.
Durante la hiperinflación de 1989 se alcanzaron niveles de pobreza similares a los actuales. Pero en cuanto la economía se estabilizó, el número de pobres disminuyó rápidamente. En la actualidad, la situación tiene características más estructurales, por lo que será más difícil de resolver. El país viene de cuatro años de recesión, hay una desocupación estimada de un 24 por ciento y la estructura económica del país está fuertemente deteriorada. Pero, además, la intensidad de la pobreza es superior a la de hace una década: los pobres son más pobres que antes. El Indec difundió que el 49 por ciento de la población gana menos de 598 pesos, pero no dijo cuánto menos. Según Alberto Barbeito, economista del Ciepp, “la media de hogares que viven por debajo de la línea de pobreza recibe ingresos de aproximadamente el 50 por ciento de la cifra tope”. El dato cobra significación porque indica cuán estructural es la pobreza actual. Para Barbeito, se necesitarían 24 años de crecimiento del PBI a un promedio del 3 por ciento anual para que esas personas consigan superar la línea de pobreza.
Para acelerar la salida de la pobreza de la mitad de la población sería necesario revertir el proceso de inequitativa distribución de la riqueza que viene verificándose desde hace 25 años. Además de crecimiento económico, habría que distribuir mejor. Tomando como base 1974, el ingreso medio de los asalariados cayó un 50 por ciento en términos reales.Deterioro que se mantuvo constante aun en períodos en que el país crecía fuertemente. Según el estudio realizado por Lozano, con el actual nivel de inflación, si no se instrumenta algún tipo de recomposición salarial, para fin de año los ingresos de los trabajadores van a resultar menos de un 30 por ciento de su valor real en 1974.
Aunque el Indec aún no difundió los resultados completos del censo de hogares del año pasado, Cash pudo saber que las familias que tienen necesidades básicas insatisfechas son casi el 25 por ciento del total. La definición responde a personas que viven sin agua corriente o sin luz o con algún otro tipo de deficiencia relacionada con su vivienda o con el aspecto sanitario. El resto de los que viven por debajo de la línea de pobreza son los llamados nuevos pobres: personas que tienen vivienda propia o alquilan una casa de material, envían a sus chicos al colegio y que hasta hace poco tiempo pertenecían al universo de consumidores que accedían a servicios como la televisión por cable o el alquiler de videos. La pérdida de empleo los condenó a vivir con un nivel de ingresos que los equipara con el de los que pobres estructurales.
En la década del ‘80 la pobreza aumentaba al ritmo de la inflación. En la segunda mitad de los ‘90 la cantidad de pobres comenzó a multiplicarse por impulso de la recesión, que destruía empleos y reducía salarios nominales. Desde la devaluación, ambos factores, inflación y recesión, actúan juntos ampliando dramáticamente el mapa de la pobreza nacional. Entre mayo de 1998 y abril de 2002 la desocupación creció un 75 por ciento; la pobreza aumentó un 60 por ciento y la indigencia, un 130 por ciento.
La única respuesta del Gobierno para paliar las carencias de la población fue el Plan Jefes y Jefas de Hogares, que distribuye con dudosa transparencia 150 lecop por familia. El monto planteado por el Presidente desde el inicio de su gestión fue perdiendo poder de compra desde que se lo anunció. Con el aumento del precio de la canasta básica verificado hasta abril, los 150 lecop (pesos) de enero tienen un valor real de 110. Si se mantiene el ritmo inflacionario, a fin de año equivaldrán a 54. Muy poco para alimentar a una familia. Sólo si se detiene la inflación o se aumentan los salarios, incluyendo los subsidios que entrega el Estado a los desocupados, se podrá evitar que a fin de año haya más de 11 millones de indigentes.