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Por Enrique M. Martínez *

Ya está claro que el caos actual no es fácil de ordenar. Aun así es simple acordar que cuestiones tales como el corralito o la compensación a los bancos, más que discusiones conceptuales son pujas de poder, donde todo se reduce a discutir cuánto del muerto carga el Estado.
Con la fórmula para reactivar, que se deberá aplicar un segundo después de alcanzar una mínima paz financiera, ya no hay tanta coincidencia. Nadie en sus cabales puede dudar de que hay una crisis de demanda, con el poder adquisitivo de más del 80 por ciento de la población por el suelo. Sin embargo, quienes hablan de reactivar dicen que la recuperación vendrá por las oportunidades de exportar o sustituir importaciones previas, que brinda la monstruosa devaluación. Otra variante, los aumentos masivos de salarios o al menos del salario mínimo, que se trasladarían al consumo, son descartados por los economistas como el disparador de la hiperinflación. También son rechazados por los empresarios, pues no creen poder pagarlos. Quedan sólo los sindicalistas, tarde y por obligación.
Esta lógica no cierra. En un trabajo publicado por la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa en junio de 2001 demostramos que la concentración del ingreso en los sectores más pudientes había provocado una caída acumulada del consumo global –ya que los pobres consumen todo su ingreso, mientras los ricos ahorran una parte significativa, para peor fuera del país– de 36.000 millones de dólares entre 1994 y 2000, llegando en este último año a un ritmo de 7500 millones por año, comparando con el consumo de 1993. Estas cifras no explican una parte de la recesión. La explican toda.
También demostramos allí que elevar el salario mínimo a 400 pesos por mes beneficiaba a más de 3 millones de trabajadores e inyectaba al consumo unos 3500 millones por año. Esta cifra ni siquiera compensa la caída previa del consumo, no requiere mayor gasto público –la deben pagar los privados– y por el contrario generaría un mayor ingreso fiscal de 1800 millones de pesos, lo cual a su vez se proponía allí que se utilizara para dar un salario transitorio a 1 millón de desocupados, sin costo fiscal neto alguno.
Esto era antes de la devaluación y de la inflación. Fue objetada desde el pensamiento liberal, pero no por inflacionaria sino porque supuestamente reducía la competitividad externa, ya que se decía que elevaría los costos. El punto es: ¿por qué hoy esta medida nos llevaría peligrosamente hacia la hiperinflación o a algún desorden? No puede ser por generar una demanda excedente para una industria que trabaje a pleno, porque la capacidad ociosa promedio es mayor al 40 por ciento.
No puede ser –como escuché a un economista liberal– porque los empresarios que atiendan el mayor consumo llevarían sus excedentes a dólares y provocarían una espiral financiera. Entonces eso vale también para las mayores exportaciones o para los que produzcan bienes que reemplacen importaciones. Cualquier mayor producción sería terrible. Esto es un dislate.
No puede ser porque habría una inflación de costos, que se debería trasladar inexorablemente a precios. Aparte de los trabajadores rurales, en que es obvio que hoy se puede reajustar el salario básico, las empresas que pagan salarios de 250/300 por mes en su gran mayoría producen servicios hoy sumamente rentables o producen bienes de consumo de tecnología madura, que son consumidos por los propios asalariados. Podemos demostrar que, en cualquier caso, la reducción de gastos generales fruto de disminuir la capacidad ociosa compensa claramente el mayor costo salarial. En este escenario, estas empresas bajarán sus costos, en lugar de aumentarlos.
No puede ser porque los empresarios no podrán pagar el aumento o aumentarán la nómina en negro. También mostramos en aquel documento que bastaba con tener disponible una financiación a mediano plazo –hoy atendible con una línea de redescuento especial del Banco Central– para las pymes que lo necesitaran y para su personal en blanco, a las que seguramente el mayor egreso les volvería como ventas antes de tener que devolver cualquier préstamo.
Entonces, ¿por qué? Simplemente, porque no se piensa en un país para todos. Dos mil millones de pesos en subsidios laborales ya decididos por el Gobierno irán al consumo totalmente y nadie pronostica que causarán inflación. Días y meses se han consumido buscando compensar a los deudores bancarios, los exportadores, las petroleras, los bancos, los proveedores de insumos agrícolas, los ahorristas con amparo, las automotrices, las inmobiliarias. Los trabajadores que ganan menos de 400 pesos por mes, no. Sería el fin. Hablemos en serio.

* Encuentro Transformador