La decisión de Lotería Nacional de prorrogar por dos años las concesiones de los cinco bingos de la Capital reflotó la histórica disputa que mantienen el gobierno nacional y el porteño por el control del juego en la Ciudad, un negocio que mueve 1000 millones de pesos anuales sólo de ganancia bruta. En esta oportunidad, las salas de la tradicional lotería familiar fueron el factor desencadenante. Sin embargo, el verdadero negocio son las máquinas tragamonedas que funcionan en el Hipódromo de Palermo y en el Barco Casino y que en el futuro podrían instalarse incluso en los bingos.

En el Hipódromo de Palermo las carreras de caballos eran la máxima atracción hasta que en septiembre de 2002 Lotería Nacional autorizó la instalación de las tragamonedas a través de la resolución 99. En un comienzo fueron apenas 70 máquinas. Luego la cifra se fue ampliando hasta que en julio del año pasado el entonces presidente de Lotería Nacional, Waldo Farías, amplió el permiso hasta un máximo de 3000. Cash recorrió el Hipódromo durante la semana y pudo comprobar que actualmente funcionan cerca de 2400 tragamonedas distribuidas en los subsuelos de la Tribuna Oficial y de la Tribuna Especial y en la coqueta Confitería París, conformando el complejo de juegos de apuestas más grande del país.

Fuentes del sector aseguraron a este suplemento que esas máquinas generan una ganancia bruta de casi 450 millones de pesos por año. El 30 por ciento lo recibe el Estado y el 70 por ciento restante queda en manos de la empresa privada Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), propiedad de Federico de Achával, empresario de turf, y del patagónico Cristóbal López, propietario de los casinos de Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Hapsa ganó la concesión del Hipódromo en agosto de 1992 para explotar las carreras de caballos hasta el 2017, pero las máquinas incorporadas hace tres años cambiaron radicalmente la naturaleza del negocio, violando la seguridad jurídica de las demás empresas que se presentaron a la licitación inicial, pues en el contrato original no figura el permiso para explotar tragamonedas. Además, la ley porteña 538 prohíbe expresamente el funcionamiento de esas máquinas en la Ciudad.

La otra gallina de los huevos de oro es el Barco Casino de Puerto Madero donde funcionan cerca de 800 tragamonedas. La ganancia bruta que genera el barco está cerca de los 420 millones de pesos anuales, incluyendo las ruletas y los juegos de cartas. El 20 por ciento va a manos del Estado y el 80 por ciento restante queda en poder del grupo español Cirsa. En este caso también se viola la legislación de la Ciudad, pero aquí es más complejo porque en 1999 el entonces presidente Carlos Menem autorizó su funcionamiento en aguas del Río de la Plata para intentar eludir la prohibición vigente en la Ciudad. La inauguración fue el 8 de octubre de 1999 en medio de un escándalo que incluyó su clausura por parte del gobierno porteño, pero el juez federal Luis María Márquez dio lugar a un recurso de amparo de la empresa Cirsa y dispuso que no se podía cerrar el barco. Desde entonces, cada vez que la Justicia porteña ordenó clausurar el casino la Justicia Federal se interpuso haciendo valer la medida de no innovar dictada por el juez Márquez. Una situación similar se repitió en el caso del Hipódromo de Palermo desde que se instalaron las tragamonedas.

En octubre de 2003 la disputa entre el gobierno nacional y el porteño pareció cerrarse cuando firmaron un convenio para repartirse en partes iguales los ingresos generados por el juego en la Ciudad. Allí el gobierno de Aníbal Ibarra reconoció “la exclusividad de Lotería en la explotación, comercialización y fiscalización de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas que ésta viene desarrollando en el ámbito local hasta la fecha”. La Legislatura ratificó el convenio en noviembre de 2003, pero el juez porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional el convenio y la ley ratificatoria. El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans afirmó a Cash que el fallo es inobjetable porque la Constitución de la Ciudad establece que el juego es facultad del gobierno porteño, pero el Barco Casino y el Hipódromo continúan obteniendo fortunas gracias a la medida de no innovar dispuesta por el juez federal Márquez. Ahora la disputa se extendió a los bingos y todo indica que la palabra definitiva la deberá dar la Corte Suprema de Justicia. Como antecedente de lo que puede venir vale recordar que el 27 de mayo de 2003 el procurador general de la Nación emitió un dictamen asesorando a la Corte donde afirmó que el tema del juego no era nacional sino local.