La decisión de Roberto Lavagna de dejar desierta la licitación de Boden 2015 pone en evidencia la nueva pulseada que comenzó entre el Gobierno y los grandes operadores de mercado. Economía les mandó la señal a los financistas que, tal cual ocurrió en la reestructuración de la deuda, quieren tener la palabra final sobre la tasa que está dispuesto a pagar. Del otro lado del mostrador, los corredores buscan imponer lo que debería retribuirles un país endeudado, que acaba de salir de la peor crisis de su historia.

El planteo del Gobierno tiene su lógica. En el actual contexto internacional hay exceso de liquidez. Los bajos rendimientos de los activos financieros se multiplican en los principales mercados del mundo. El bono a diez años del Tesoro alemán rinde un 3 por ciento anual. Tasas similares se encuentran en Italia y en Grecia. En Estados Unidos, la renta trepa al 4,2 por ciento anual. Ningún financista se atrevería a cuestionar la solvencia de esos países, aunque Europa extienda su mediocre momento económico mientras la administración Bush hará historia por el déficit de las cuentas públicas.

En este marco, los funcionarios argumentan que, de parte de los grandes fondos de inversión internacionales, existe una avidez tan importante por los activos de mayor rendimiento que hay espacio para reducir la tasa de interés en las colocaciones de deuda. En este sentido, Lavagna está convencido de que la Argentina no debería afrontar un costo muy superior al que paga Brasil. En el Palacio de Hacienda aseguran que la situación financiera del país es más holgada que la del socio. Y que esa realidad debería traducirse en la tasa a pagar. Por ese motivo, Guillermo Nielsen volvería a hacer las valijas en las próximas semanas para convencer a los financistas extranjeros.

El bache financiero que debe cubrir Economía hasta fin de año oscila entre 1500 y 2000 millones de dólares. Quedan por afrontar compromisos por 3400 millones de dólares. De ese total, 1350 millones se girarán al Fondo Monetario. Los restantes 2050 millones se reparten de manera equitativa entre vencimientos con los otros organismos internacionales y los acreedores locales, tanto los que poseen Préstamos Garantizados como papeles emitidos después de la devaluación.

En la city descartan que el Gobierno y el FMI lleguen a un acuerdo antes de que se inicie el 2006. En ese caso, y a menos que se cambie la estrategia (como, por ejemplo, cambiarles el status de acreedor privilegiado a los organismos o, en el otro opuesto, pagarles con las reservas), Economía se vería obligado a buscar financiamiento sí o sí en las próximas semanas. Además de la tarea de persuasión que pueda desplegar el equipo de Finanzas, en el microcentro especulan que el Gobierno podría apelar a otras alternativas para lograr una rebaja de la tasa.

- Antes que nada, los funcionarios creen que los títulos públicos seguirán subiendo, lo que se traduciría en una natural disminución del costo de emisión.

- También se podría disminuir el plazo de la emisión.

- O lograr un acuerdo especial con los inversores institucionales locales.

- Hacer lo propio con Venezuela. Hugo Chávez ya se comprometió a suscribir títulos de la deuda, y de hecho lo refrendó anteayer (500 millones de dólares). Hasta ahora siempre compró a precios de mercado.

La última semana, Lavagna jugó fuerte ante los financistas. La pulseada recién empieza.