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Por
Claudio Lozano
Instituto de Estudios y
Formación de la CTA

El colapso de la convertibilidad arrastró a su hijo más preciado: el sistema financiero. No a cualquier sistema sino aquel que se había diseñado a partir de la Ley de Entidades Financieras que Martínez de Hoz impusiera en 1977 y del régimen bimonetario que instaurara Domingo Cavallo y que permitiera afirmar la ficción de que el sistema bancario podía emitir dólares. Al agotarse la capacidad de acceder al financiamiento, el sólido, esbelto y “desarrollado” sistema financiero cayó como un castillo de naipes sin que funcionaran las garantías para los ahorristas ni tampoco el comportamiento altruista de la banca extranjera de la cual se había mentado que en contextos de crisis respaldaría raudamente desde sus casas matrices a sus sucursales ubicadas en nuestras pampas.
El corralito fue el mecanismo ideado para evitar el colapso bancario. La discusión acerca de cómo salir del corralito determina el tipo de relación que el Gobierno pretende entre el Estado y el poder económico y define el carácter del sistema financiero futuro. Había espacio para hacer algo distinto. Para esto era necesario:
1. Pesificar en serio todas las operaciones de la economía argentina antes de devaluar, en el marco de una estrategia de férreo control de cambios, administración óptima del uso de las reservas y del precio de la divisa.
2. Minimizar el costo fiscal de la solución, es decir preservar a la sociedad. Para esto habría que restringir la asistencia estatal a la banca pública y a aquella banca con sentido social (cooperativa).
3. Promover una salida con criterios de justicia garantizado que los grandes deudores (sólo 1221 sobre un total que supera los cinco millones concentran prácticamente el 60 por ciento del crédito asignado) sean el aval para devolver poder adquisitivo a los fondos de los pequeños y medianos ahorristas.
4. Articular un sistema con una banca pública predominante con injerencia y control sobre las operaciones de comercio exterior.
Lamentablemente, el rumbo ha sido otro. El Gobierno ha decidido no modificar la relación de subordinación del Estado con el poder económico local y ha dado pasos que tienden a perpetuar la lógica y los actores del sistema financiero vigente abriendo progresivamente la puerta a que efectivamente se consume la perpetración del robo al conjunto de los ahorristas y que la sociedad termine haciéndose cargo de la responsabilidad de los bancos.
La maxidevaluación, la pesificación asimétrica (licuación de deudas a los grandes deudores) han hecho polvo las carteras bancarias otorgándoles a los bancos las excusas suficientes como para eludir sus responsabilidades.
Por esta razón, sin revertir en parte lo actuado (modificar la pesificación asimétrica) y replantear la política económica, el discurso del ministro de Economía suena inconsistente y contribuye a acercar cada vez más a la sociedad argentina a un escenario donde los ahorristas vean caer seriamente el valor presente de sus ahorros.