La Comisión Europea ordenó esta semana a Grecia levantar la prohibición que pesaba sobre los cultivos de semillas de maíz transgénico desarrollado por la multinacional biotecnológica Monsanto. La decisión constituye un serio revés para las organizaciones de origen europeo que se oponen al cambio tecnológico en el campo, quienes en adelante se verán en dificultades para sostener su discurso antitransgénicos sobre la base de una presunta “inseguridad alimentaria”.

Ya en septiembre del 2004, la Unión Europea había autorizado 17 cepas diferentes de semillas del maíz desarrollado por la multinacional Monsanto, las que fueron obtenidas de un cultivo madre resistente a ciertas plagas conocido como MON 810. Quienes se oponían a esta autorización fueron incapaces de demostrar los supuestos efectos negativos de estas variedades sobre la salud humana y el medio ambiente. Con su decisión, la Comisión rechazó implícitamente el “principio precautorio”, que invierte la carga de la prueba para los productores de transgénicos. Según este principio, no basta con que jamás se hayan advertido efectos nocivos de los OGM en cuestión, sino que los productores deberían demostrar que jamás existirán, una suerte de a-científica proyección futurista.

Vale considerar que pocas cuestiones en el agro han dado lugar a tantos malentendidos como el problema de los OGM, los Organismos Genéticamente Modificados, entre ellos, las semillas transgénicas. En particular, las organizaciones ambientalistas han logrado demonizar hasta la misma expresión “transgénico”. La selección genética, sin embargo, fue una práctica milenaria de los agricultores iniciada con la vulgar selección de los mejores cultivos. El desarrollo de las relaciones de producción capitalista dio lugar para que esta tarea de especialización genética recayera principalmente en unas pocas firmas transnacionales que, por sus posiciones oligopólicas, intentaron muchas veces obtener rentabilidades desmedidas para sus desarrollos. Esta complementariedad en los hechos entre transgénicos y gran capital también hizo su aporte a la confusión general. No son pocos los ambientalistas que asocian los cambios inducidos por el desarrollo del capitalismo en el campo, con los cambios en la tecnología, una nueva variante “verde” del viejo luddismo. Pero ésta no es la cuestión.

Esta semana, luego de que los ministros de Agricultura de la UE no lograran una posición consensuada sobre el tema en una reunión mantenida en octubre pasado, la Comisión recurrió a su potestad legal para ordenar a Grecia poner fin a la prohibición. Si bien la legislación del bloque deja en manos de cada país la decisión de permitir dichas semillas en los territorios nacionales, la prohibición, para ser efectiva, debe ser aprobada por todos los estados miembro. Grecia había utilizado esta posibilidad a principios de 2005, notificando a la Comisión su prohibición sobre los 17 tipos de semillas de maíz para la cosecha 2005 y 2006. Una vez más, los argumentos esgrimidos esta semana por la Comisión fueron que Grecia no presentó “razones suficientes de salud o seguridad” para sustentar su posición.

Ahora Grecia podrá apelar la orden ante la Corte de Justicia Europea, el tribunal superior de la UE con sede en Luxemburgo. Sin embargo, la decisión de la autoridad comunitaria suma evidencia para quienes creen que los argumentos antitransgénicos se encuentran más relacionados con los intereses del subsidiado agro tradicional europeo que con razones científicas. En materia de comercio internacional, en tanto, también han servido como excusa para variadas barreras paraarancelarias que afectaron a las exportaciones de muchos países, entre ellos la Argentina.