El impacto social y político que alcanza el conflicto por la instalación de las fábricas de celulosa de papel en Uruguay ha desnudado problemas ligados al modelo de desarrollo de la región y su inserción en el mercado mundial. El caso uruguayo es sobre todo una muestra paradigmática –por el tamaño de las plantas y la dimensión de la economía oriental– de lo que en Misiones, la provincia que concentra más de la mitad de la producción nacional de pasta celulósica, representa la empresa forestal Alto Paraná, la más grande del país y dueña del 33 por ciento de la superficie forestada de la provincia. Ambas situaciones dan cuenta de un modelo depredatorio-extractivo de recursos naturales que se expande en esta parte del mundo y que funciona como engranaje de verdaderas fábricas globales que destinan para la región los primeros eslabones de sus cadenas productivas.

Relocalización

Según el economista Claudio Lozano (CTA), “a nivel internacional, con la oferta actual está absolutamente cubierta la demanda existente en relación al papel blanco y su uso imprescindible”. Sin embargo, la instalación de varias empresas trasnacionales en el cono sur responde “a la expansión del uso de papel para cuestiones ornamentales y de lujo, a la orden del día en el sistema de packaging que aportan a otras industrias”. Los demandantes principales de este tipo de producción son los países más ricos. Los consumos comparativos lo prueban: mientras Finlandia (el país de donde proviene la empresa Botnia, una de las pasteras que ya se están construyendo en la rivera uruguaya) utiliza 380 toneladas al año, Argentina consume 43 y Uruguay 22.

Los criterios de relocalización de las plantas obedecen a la exigencia de rentabilidad de las empresas al interior de una cadena de producción globalizada. Esto implica que las ventajas de instalarse en la región se realizan en la medida en que logran acelerar un proceso económico-ambiental que necesita la venta compulsiva de campos para la forestación, la expulsión de la población rural, la reducción de la diversidad productiva de las zonas involucradas y una promoción estatal de este tipo de inversiones. La falta, hasta el momento, de políticas que contemplen un desarrollo productivo más amplio y que tengan en cuenta una protección ambiental aumentan el impacto de primarización que estas inversiones tienen sobre la economía de la región. Argentina, durante la última década, ha sido un importador neto de productos forestales con alto valor agregado (láminas, muebles y papeles de impresión) y un exportador de bienes primarios o semielaborados (rollizos, madera aserrada y pasta para papel).

Sin embargo, para el economista Aldo Ferrer, si se superan las objeciones ambientales y tecnológicas planteadas, no hay por qué no considerar la instalación de las fábricas como “una oportunidad de crecimiento y desarrollo”.

El debate por la instalación de algunas de las plantas más grandes del mundo en la región –tendrán una capacidad instalada para producir 1 millón 800 mil toneladas de pasta– logra así poner sobre la mesa una serie de cuestiones que pasaban inadvertidas hasta ahora, con decenas de plantas instaladas en Argentina, Brasil y Chile: el tipo y la magnitud de empleo que esta forma de inversión genera, la imposibilidad del Mercosur de pautar regionalmente una relación con las grandes trasnacionales que supere la pura competencia entre Estados para atraer al capital internacional y el modelo depredatorio-extractivo de materias primas.

De hecho, la forma de organización industrial papelera ejemplifica notablemente esta guerra por los recursos naturales, ya que se caracteriza por una estructura integrada verticalmente hacia el control y la propiedad directa del bosque, debido a la importancia crucial de la materia prima en la producción y la imposibilidad de sustituirla. Esto se traduce en que el control del abastecimiento de la madera es un factor estratégicamente indispensable para las empresas.

Monocultivo forestal

El impulso del modelo de monocultivo forestal se inició hace más de 16 años, fomentado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que llevó a los países de la región a modificar sus regímenes de promoción forestal. Uruguay, por ejemplo, permitió desde 1987 la compra de tierras por sociedades anónimas, dando lugar a un acelerado proceso de extranjerización y latifundización. Esto se complementó con una política de subsidios estatales (50 por ciento del costo de la forestación), entregas de créditos, exoneración de impuestos nacionales y locales y la realización de obras de infraestructura para ayudar al transporte y exportación de madera. En Argentina la última disposición de esta misma tendencia es la ley la Ley 25.080 y su decreto reglamentario 133/99.

Según Lozano, el acuerdo bilateral entre Uruguay y Finlandia es casi idéntico a los firmados durante toda la década del ‘90 entre Argentina y Estados Unidos en el sentido que consolida un sistema de protección a la inversión extranjera basado en la cesión de jurisdicción que, ante la eventualidad de una modificación en los contratos, vuelve a los países latinoamericanos demandables ante el CIADI.

Hay una suma de elementos en el caso de Botnia y Ence (la segunda de las pasteras instalada en Uruguay, de origen español) que proyectan las características del modelo en general: en la medida en que se les ha declarado a los territorios en los que se sitúan “zonas francas”, no pagan impuestos; los insumos y servicios que utilizan son en buena medida de origen internacional; y muchas veces no precisan servicios portuarios porque las plantas tienen sus propias terminales. De esta manera, en la región se dan los primeros eslabonamientos de las cadenas productivas de la industria papelera, sin avanzar aún en la creación de complejos productivos de mayor dinamismo y desarrollo, capaces de multiplicar sus efectos en términos ocupacionales, de ingresos y de crecimiento tecnológico e industrial.

Ferrer sitúa más bien los términos a futuro: “Hay que tratar que proyectos como éstos en vez de ser protagonizados por empresas extranjeras, sean asumidos por capitales argentinos y uruguayos, por el empresariado local”.

La ilusión del empleo

Uno de los principales argumentos de las pasteras para conseguir consenso público es anunciar los puestos de trabajo que crearán. La página web de Botnia enfatiza que habrá “300 empleados en la planta de celulosa, pero con un total de 8000 puestos de trabajo que se generarán en Uruguay (5000 puestos directos y 3000 indirectos)”. Para evaluar el impacto real del empleo es necesario distinguir una primer etapa que consiste en la construcción de las plantas, de una duración aproximada de tres años, de una etapa posterior. En la primera, podrían ocuparse entre 600 y 900 trabajadores por planta. La segunda etapa, debido a la alta tecnificación de las empresas y la exigencia de un trabajo calificado en buena medida extranjero, hará descender la mano de obra directa empleada. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que –según los economistas consultados– los empleos indirectos que se promocionan como un efecto de la instalación de las pasteras son mayoritariamente los que ya existen por el trabajo de plantación, cosecha y transporte de madera, es decir, por la exportación directa de materia prima. La versión de las empresas difiere así de un diagnóstico en el que varios análisis coinciden: el balance neto del empleo, debido a la disminución de puestos en los sectores de turismo, pesca, actividad agrícola y apicultura, por la instalación y el impacto económico-ambiental de las pasteras, arroja un resultado negativo. Esto se debe a que son empresas de capital intensivo que más allá del primer momento de construcción, ocupan poca mano de obra.