El 48 por ciento de los beneficiarios de planes sociales tiene menos de 35 años y gran parte no sabe ningún oficio. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que es necesario aprovechar la demanda de mano de obra y la reconstrucción del tejido institucional para capacitar a esos jóvenes. En diálogo con Cash, Daniel Hernández, subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional, explicó los alcances del Seguro de Capacitación y Empleo.

¿Por qué se propone como alternativa al Plan Jefas y Jefes?

–Hoy los horizontes del país son distintos, no tenemos los mismos objetivos que planteábamos en medio de la crisis. Llevamos 40 meses en los que se crearon casi 3 millones de puestos de trabajo y para aprovechar este contexto necesitamos políticas de empleo más activas, que la gente no sea beneficiaria de un plan de emergencia sino trabajadores desempleados a los que hay que procurarles oportunidades. Hay que cambiar las políticas pasivas de sostenimiento de ingresos por políticas activas de inserción al trabajo decente. El seguro genera derechos y compromisos para los beneficiarios.

¿Cuáles?

–Los desocupados que adhieran al programa tendrán una asignación no remunerativa superior a la del Jefas y Jefes –225 pesos en lugar de 150– y su tiempo de permanencia se computará para la jubilación. Tendrán derecho a recibir servicios de calidad en capacitación y adquisición de experiencia laboral. En el caso de las obligaciones, van a estar pautadas en un contrato que deberán firmar: asistir una vez por mes a la oficina de empleo para registrar su situación, participar de las actividades de capacitación y entrenamiento laboral, y aceptar los empleos que se le consigan. Si un desocupado rechaza por tercera vez una oferta de empleo adecuado, se da de baja su seguro.

¿La obligación de aceptar el trabajo no producirá que los empleadores se abusen de esa situación?

–Hablamos de trabajo adecuado al perfil del beneficiario y adecuado en términos de que cumpla la normativa vigente: un salario enmarcado en el convenio de la actividad. No apostamos a la inserción en cualquier trabajo sino en empleos de cierta calidad.

El programa se aplicará desde los municipios, que requerirán una coordinación con el gobierno nacional, las provincias y las empresas. ¿Cómo va a articularse la tarea?

–Se necesita de un tejido institucional reconstruido. Por eso antes de lanzarlo cerramos acuerdos con 33 sectores de la producción en más de 280 localidades y ya tenemos a 80 mil personas capacitadas. Reconvertimos las oficinas de administración de planes sociales en oficinas de empleo que puedan recibir la demanda de trabajo de las empresas y ayudar a la gente que está desempleada. En estas oficinas ya se instaló equipamiento informático con un software específico para registrar la historia laboral de la gente, los procesos de capacitación que realiza y las ofertas de trabajo de la localidad. Hay 62 oficinas de empleo inauguradas, 100 más que ya están cumpliendo los requisitos básicos y pensamos terminar el año con 300 oficinas abiertas.

¿Cuántos desocupados podrán conseguir empleo a través del seguro?

–Si bien el seguro no genera empleo, sí podemos incidir en la distribución: que el empleo llegue a personas que en principio no serían los primeros candidatos a recibirlo. El seguro opera sobre la distribución de las oportunidades existentes. Tenemos una tasa de inserción de 8000 personas al mes.

¿Por qué está orientado a los jóvenes?

–No es excluyente para los mayores de 35 años, pero creemos que es difícil sostener un país con políticas pasivas para una población que está en la plenitud de su potencial de participación y contribución a la sociedad. Las tasas de desempleo afectan más a los jóvenes y el tipo de empleo al que acceden es precario. Eso resiente con dureza a una sociedad, no sólo por la situación actual sino por el tipo de cultura que va generando hacia el futuro.