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Sin créditos ni recursos propios para reactivar, las AFJP se presentan como la tabla salvadora del Estado: vía fideicomisos, dicen que los fondos previsionales servirían para estimular exportaciones y obra pública. Pero ese presunto auxilio es sólo la cara de una relación conflictiva. Horacio Canestri, gerente general de la Unión de AFJP, defendió ante Cash un negocio de dudoso beneficio para los trabajadores aportantes a ese sistema.
¿Las AFJP rechazaron la propuesta del Gobierno para redolarizar los préstamos que le hicieron al Estado?
–Previo a la pesificación teníamos préstamos garantizados por un total de 17 mil millones, de los cuales más de 12 mil eran en dólares. Le propusimos al Gobierno volver a las condiciones originales, pero dando un período de gracia y reemplazando la tasa de interés fija de 7 por ciento anual por Libo más dos puntos.
¿Y por qué no hay acuerdo?
–En primer lugar, porque en lugar de los préstamos garantizados el Gobierno quiere entregarnos nuevos bonos, que no tienen el mismo respaldo.
¿Desistieron de hacerle juicio al Estado por la pesificación?
–En absoluto. Con el asesoramiento de varios estudios de primera línea concluimos que los pasos a seguir incluyen, primero, reclamos administrativos. Luego el judicial. Es lo que estamos haciendo.
¿No habría una actitud discriminatoria del Estado hacia otros afectados si les redolarizan sólo a ustedes los préstamos?
–No creo. El Estado está ofreciendo a los ahorristas bonos en dólares. Pero hay diferencias. Cuando hablamos de AFJP hablamos de ahorro obligatorio previsional. No hay discriminación porque nosotros estamos bajo jurisdicción argentina y prestamos a plazos mucho más largos: el Gobierno propuso renovarnos la deuda en dólares a 15 y 30 años. No tenemos problema porque nuestras obligaciones están calzadas más o menos a esos plazos.
Ustedes proyectan con el Gobierno armar fideicomisos para obra pública, vivienda y exportaciones. ¿Está condicionado a que se vuelva a subir el aporte del 5 al 11 por ciento?
–No necesariamente. Si se subiera el aporte, los fondos para financiar la actividad productiva serían sustancialmente mayores, básicamente porque los 6 puntos adicionales del aporte se destinarían a aquellos proyectos. De cualquier modo, el Gobierno cree que en un momento como el actual sería poco oportuno, ya que reduciría los salarios de bolsillo.
Las AFJP estaban habilitadas pero no obligadas a invertir en títulos públicos. ¿Los afiliados no podrían objetarles esa apuesta que fue finalmente muy desventajosa?
–En el momento que se hizo no lo fue. Había un buen rendimiento y el Estado podía cubrir sus obligaciones.
¿Entonces no les preocupa que los afiliados puedan accionar contra las AFJP por el deterioro de sus ahorros?
–Si el Estado no redolariza la cartera no es responsabilidad nuestra. Y el resto de las inversiones se hizo según lo que los responsables consideraban como más criterioso. No se rifó de ninguna manera el dinero de los afiliados.
¿Y cuáles son las actuales alternativas de inversión?
–No son muchas. El default del Estado y la dramática situación económica que vive el país llevaron también al default de muchas empresas privadas. Ahora se está generando liquidez, por eso buscamos que la masa de fondos disponibles, alrededor de 1000 millones de pesos más otros 110 millones mensuales, pueda destinarse a financiar exportaciones o construcción.
¿No figura en el corto o mediano plazo volver a financiar al Estado?
–De ninguna manera. En Chile o en México, cuando se creó el sistema, las administradoras tenían la obligación de destinar toda su liquidez a suscribir bonos públicos durante varios años. Pero el Estado chileno cumplió y el mexicano se supone que también. Mire lo que pasó con el argentino.
¿Por qué les preocupa tanto que en Diputados haya dado media sanción a un proyecto que habilita el retorno al reparto?
–La gente que se podría ir al reparto es bajísima. Casi nula. Lo que nos preocupa es que se induce a la población a ir a un sistema quebrado y que es inviable en todos los lugares del mundo. En Estados Unidos hay una propuesta de George Bush (hijo) de generar un régimen de capitalización individual. Alemania apunta en esa dirección. Además, es presumible que la gente que se pase al reparto sea la que no está aportando y especula con que, de todos modos, el Estado le reconocerá el beneficio.
Quienes están en una AFJP deben resignar un tercio de su aporte en comisiones.
–La rentabilidad histórica del sistema supera el 13 por ciento. Tenemos estudios que prueban que las diferencias entre los haberes estatales y del régimen privado son abismales.
¿Puede hablarse de la quiebra de las AFJP?
–De ninguna manera. Hay que distinguir entre el fondo y la AFJP. Los fondos tienen más del 70 por ciento de títulos públicos. Y el Estado, más tarde o más temprano, paga. Por otra parte, ninguna administradora está quebrada.