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La poderosa Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA), creada recientemente por las principales compañías del país, presentará en los próximos días un proyecto para que el Estado lidere un plan de salvataje para las empresas endeudadas en dólares en el exterior en unos 35.000 millones de dólares. Advertirá que “éste es el principal problema económico de corto plazo” y que “de no ser resuelto provocará la quiebra generalizada de sistema económico”. La propuesta, elaborada en el máximo secreto, prevé que el Estado asuma el pago de la deuda en dólares con los acreedores extranjeros y, como contrapartida, los empresarios locales quedarían endeudados con el Estado, pero pesificados a 1,40 e indexados por el CER. Los empresarios piensan así ahorrarse unos 6400 millones de dólares. Pero el costo para el Estado podría ser mayor si el dólar se disparara. Es difícil no ver en el proyecto una nueva versión de la estatización de la deuda privada auspiciada por Cavallo en el ‘82.
Sin embargo, AEA lo presentará como una “operación de canje”, argumentando que el Estado podría ahorrarse de pagar esos 6400 millones de dólares que ganarán los privados, si negocia una buena quita de la deuda estatizada con los acreedores. Más aún, dirá que, con este sistema, en los casos de Chile y México en el ‘82, el Gobierno evitó “una situación de quiebra masiva de empresas”.
Desde diciembre pasado, unas 30 compañías locales declararon la cesación de pagos de sus compromisos externos (ver cuadro). Estas deudas fueron contraídas en dólares (y en menor medida en otras divisas) y, como es obvio, no pueden ser pesificados por una ley argentina. Sin embargo, la presión de Washington, a través del Fondo Monetario, logró imponer una modificación de la Ley de Quiebras que convierte al default en una situación insostenible en el tiempo. En concreto, si la compañía en cuestión no reiniciara el pago de su deuda o no lograra acordar un “plan amigable” de refinanciación con sus acreedores extranjeros, entonces éstos podrían llegar a quedarse con los activos de la empresa.
Cercados por Washington y los acreedores extranjeros, las mayores empresas del país quieren ahora que el Estado les lance el salvavidas.
Para los empresarios del AEA, éste es “el principal problema económico argentino de corto plazo. De no ser resuelto provocará la quiebra generalizada del sistema económico, con la única excepción de aquellos sectores exportadores con bajos niveles de endeudamiento”, dramatizan.
El esquema que el influyente club empresario presentará al gobierno fue bautizado por sus técnicos como “fronting”, porque sería el Estado el que debería ponerse al frente de la negociación de la deuda privada con los acreedores.
El mecanismo sería el siguiente:
n El sector público asume el pago de la deuda de las empresas privadas con el extranjero en dólares. Actualmente, esa deuda asciende a unos 35.000 millones de dólares, con vencimientos en los próximos 10 años.
n Como contrapartida, la empresa queda endeudada con el Estado, pero pesificando su deuda a 1,40. El capital de la deuda sería indexado por el CER y mantendría el perfil de vencimientos de la deuda original.
n Por su parte, el Estado renegociaría con los acreedores extranjeros una quita en la deuda original ahora estatizada, junto con una extensión en los plazos de vencimientos y una reducción en las tasas de interés.
n Así, el sector público asumiría “el rol de intermediario, actuando de cara visible y de registro contable temporal del endeudamiento privado”, afirman en la AEA. Y reconocen que el Estado “incrementaría originalmente el monto de su deuda medida en pesos y como porcentaje del PBI”.
n Gracias a la pesificación/estatización, las empresas privadas endeudadas con el exterior se ahorrarían, automáticamente, unos 6500 millones de dólares, a valor presente.
n Pero en AEA aseguran que ese dinero no lo tendría que aportar el Estado, sino que debería ser cedido por los acreedores. Claro que para que ello sucediera el Estado debería negociar agresivamente con los acreedores para mejorar las condiciones de la deuda estatizada, cuando ni siquiera se sentó a la mesa de negociación con sus propios acreedores, tras el default de la deuda pública.
n Por caso, para lograr una reducción de 6500 millones de dólares, a valor presente, en la deuda estatizada, debería recortar la tasa de interés anual al 3 por ciento y obtener un plazo de gracia de 3 años para el pago del capital.
n El mecanismo podría ser optativo, dejando a cada empresa la posibilidad de solicitar o no la intervención del Estado.
n Aunque todavía no fue definido, las empresas podrían caucionar sus acciones a favor del Estado, como garantía frente a eventuales incumplimientos en el pago de la deuda pesificada.
En AEA argumentan que “México y Chile, ambos en 1982, aplicaron un sistema similar, evitando la quiebra masiva de empresas privadas, al darles tiempo para hacer frente a sus obligaciones”. “Esta solución empeora inicialmente las cuentas del sector público, como contrapartida de la mejora en las cuentas de las empresas, pero a lo largo del tiempo esta situación termina por revertirse”, agregan.
Sin embargo, el caso argentino presenta hoy aristas peculiares:
n La magnitud de la deuda pública (85.000 millones de dólares), a la que habría que sumarle otros 35.000 millones de deuda privada que sería estatizada. Con ese nivel de endeudamiento consolidado, sería prácticamente imposible para el Estado negociar la apertura de nuevas líneas de crédito durante la próxima década, incluso de organismos multilaterales. Basta considerar que hoy el PBI es inferior a los 70.000 millones de dólares. Más aún, incluso retomando la senda del crecimiento, semejante nivel de deuda luciría impagable, por más años de gracia que se consiguieran, una vez levantada la cesación de pagos.
n Como el Fondo Monetario exige que todas las deudas del Estado estén documentadas en el presupuesto, mayores erogaciones en los próximos años para el pago de intereses de la deuda estatizada encogerían el presupuesto de otras áreas, como salud, educación o planes sociales. En especial, porque en los primeros años, lo que aportarían las empresas al Estado sería inferior a lo que debería transferir el Estado a los acreedores. Justamente, ésa es la clave del “timing” que reclaman los empresarios para recomponer sus balances.
n El gobierno otorgaría otro seguro de cambio a 1,40 cuando aún no se sabe si el dólar se disparará en los próximos meses. La deuda de las empresas con el Estado se indexaría por el CER (inflación) que, se supone, tendría que empezar a acercarse al dólar, si éste se disparara. Pero aun así, el costo para el Estado podría ser muy superior a los 6500 millones de dólares calculados al actual tipo de cambio.
n Nadie garantiza que las empresas terminen igualmente cerrando, después de transferirle el “muerto” al Estado, lo cual llevaría a su máxima expresión la socialización de pérdidas privadas.
Por ahora, en el equipo de Lavagna no quieren saber nada de que el Estado asuma la deuda externa de las empresas privadas. Y defienden la estrategia de que cada empresa renegocie con sus acreedores nuevas condiciones de repago, tal como indica el manual del FMI.
Habrá que ver si resisten el lobby feroz que acechará al Ministerio de Economía apenas Roberto Lavagna regrese de Washington. Hasta ahora nadie se animó a plantear el tema con la fuerza con que lo harán en los próximos días los empresarios más influyentes del país.