El 3 de enero de 2007 se promulgó la ley 26.197 que legitima el artículo 1º de la Ley de Privatización de YPF y federalización de los yacimientos de hidrocarburos. De ahora en adelante “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración (autoridad de aplicación) sobre los yacimientos presentes en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e independiente las actividades de control, fiscalización y policía conforme el régimen previsto en la ley 17.319.

Ahora bien, según indica un estudio del Idicso (USAL), iniciado unos cuatro años atrás, la transferencia de concesiones a las provincias arrastró consigo la siguiente paradoja: si el Estado nacional dispone de muy pocos técnicos y profesionales capaces de inspeccionar los yacimientos, los comportamientos contractuales al marco legal vigente y las declaraciones juradas de las operadoras y titulares de las concesiones, las provincias directamente no los tienen. En otras palabras, los diez “Estados productores” –como les gusta llamarse– y los nuevos por venir (Córdoba, San Juan, San Luis, La Rioja) se hallan imposibilitados de cumplir con su rol de policía según lo establece la ley 26.197.

En este sentido, resulta emblemática la recientemente aprobada prórroga de la concesión Anticlinal Grande-Cerro Dragón a PanAmerican Energy (40 por ciento de Bulgheroni y 60 por ciento de la inglesa BP) hasta el 2047. La concesión de mayor extracción de crudo del país –participó en diciembre de 2006 con un 13,8 por ciento (IAPG)–, con aproximadamente un tercio de las reservas comprobadas de petróleo nacional, fue cedida a una compañía que no realizó inversiones de capital de riesgo en exploración en los últimos cinco años.

Según dictamina la Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, dicho incumplimiento es causal de caducidad del contrato y razón suficiente para que el presidente Néstor Kirchner anule la prórroga por decreto, pidiendo a posteriori la caducidad de la concesión. También por decreto debería traspasarla a Enarsa, sin violar la ley 26.197, pues dicha concesión fue otorgada antes de su sanción en enero. Al actuar de este modo, no sólo se estaría cumpliendo con la ley sino que, además, los 23.686 millones de dólares de valor potencial del área (reservas probadas a diciembre de 2006 y promedio de US$ 58 el barril WTI) pasarían directamente a manos del Estado y no liquidados en un 70 por ciento en el exterior (como ocurrirá de quedarse en manos de PAE). Dada la actual problemática energética y la necesidad compulsiva de realizar ingentes inversiones en el sector, la renta petrolera deviene en la pieza clave para la construcción masiva de usinas eléctricas en los próximos años.

Gracias a la provincialización (antítesis del verdadero federalismo), en la Argentina proliferan las empresas provinciales de energía e hidrocarburos como medio de captación de la renta diferencial y de las más bajas regalías del continente. Al margen de constituir un hecho inédito en el mundo, marcha a contramano de la tendencia mundial hacia la fusión y las alianzas estratégicas entre las principales compañías del globo. Ni en Rusia, México, Brasil o China –por nombrar países petroleros con mayores superficies y cantidad de provincias o regiones que la Argentina–, se da el caso legislaciones o empresas provinciales.

Con la provincialización, las compañías que operan en el país han consumado una demanda histórica. Por fin se descentralizó la política petrolera nacional; por fin se anuló la capacidad de control, fiscalización e inspección de los hidrocarburos.

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