La irrupción de las Afjp, en julio de 1994, modificó profundamente el sistema previsional argentino y el estado de las cuentas públicas. En el 2003, un informe realizado por la Anses señalaba que “la reforma previsional de 1994 fue encarada sobre la base de proyecciones muy optimistas respecto al mercado laboral y a la evasión que no se verificaron en la realidad”.

El informe agregaba: “El problema se vio agravado por el alto costo de transición –mayor al esperado– y por la reducción de las contribuciones patronales”. Según estimaciones oficiales, la Anses dejó de recaudar –entre 1995 y 2001– 75.000 millones de pesos. Esta cifra superó en más de 30.000 millones el déficit que había calculado el ex ministro Domingo Cavallo. Mientras en 1994 los aportes y contribuciones sociales alcanzaban para financiar el 78,7 por ciento de las prestaciones, en el 2005 ese porcentaje había caído al 49,5 por ciento.

En el 2006, la Anses registró un superávit en sus cuentas debido al aumento de los recursos tributarios destinados a financiar el sistema. Además, el incremento de los salarios y la suba de los empleados registrados motivaron el mayor ingreso de fondos por aportes y contribuciones.

La reforma jubilatoria aprobada este año, al permitir la libre opción, acentúa la tendencia positiva de las cuentas públicas. Los 700 mil aportantes que migraron hacia la jubilación estatal –hasta el momento– engrosarán los fondos de la Anses. Además, los aportes de aquellos trabajadores que tienen regímenes especiales de jubilación han sido derivados automáticamente al sistema de reparto. Por ejemplo, en el mes de mayo el fisco recibió 1542 millones de las cuentas previsionales de 170 mil docentes, investigadores, diplomáticos y jueces.

A pesar del buen momento de las finanzas públicas, las voces críticas a la reforma señalan que el sistema estatal de jubilaciones resultará insostenible en el futuro. Así, un editorial del diario La Nación del 28 de enero de este año advertía: “No debe olvidarse que la decisión de migrar de un sistema a otro, traducida en una ley sancionada hace poco más de 13 años, respondió a la evidencia de la inviabilidad del régimen tradicional”.

También se conocieron distintos papers de los economistas de la city donde se insiste en detallar la superioridad del sistema de capitalización sobre el de reparto. Sin embargo, el sistema de capitalización estuvo muy lejos de cumplir con los objetivos que se plantearon en sus inicios. Por ejemplo, la cobertura previsional siguió siendo muy baja (solamente aportó regularmente a las Afjp el 45 por ciento de los afiliados) y la capitalización fue deficiente por el elevado nivel de comisiones. Más allá del sistema previsional que se termine consolidando en el futuro (público, privado o mixto), existen algunos interrogantes (a nivel mundial) sobre su sustentabilidad.

Eso se debe al progresivo envejecimiento –que se da en la mayoría de los países– por el aumento de la longevidad. El resultado de este proceso es una creciente presión sobre los sistemas de seguridad social. El Estudio Económico y Social Mundial 2007 de las Naciones Unidas señala: “Se prevé que, entre 2005 y 2050 el aumento de la población mayor de 60 años de edad represente cerca de la mitad del crecimiento total de la población mundial”.

Actualmente la proporción de “envejecientes” en los países desarrollados (21 por ciento) es superior a la de los países en desarrollo (8 por ciento). Sin embargo, “en los próximos decenios se registrará un envejecimiento más rápido de la población en los países en desarrollo que el que se registró en los países desarrollados y en los países con economía en transición. Como consecuencia de ello, la población envejeciente en el mundo se irá concentrando cada vez más en los países en desarrollo. Para 2050 se prevé que el 79 por ciento de las personas mayores de 60 vivirá en países en desarrollo”, agrega el informe.

La disminución de la población en edad laboral y el aumento del sector pasivo pueden afectar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Sin embargo, el informe de la ONU destaca que “la sostenibilidad financiera es un principio rector importante en el diseño de un sistema de pensiones, pero no es el único: el fundamento debe ser un sistema universal de pensiones que proporcione un mínimo de seguridad a los ingresos y ponga a las personas de edad a salvo de la pobreza”, concluye.

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