El desarrollo privatista y neoliberal aplicado en el área energética durante los ‘90, y que no sólo no ha sido replanteado por el actual gobierno sino que incluso se sigue profundizando, es el responsable de habernos retrotraído a una economía absolutamente primaria. Cuando no llueve, no hay electricidad en los embalses; cuando hace frío, no tenemos suficiente gas; cuando hay cosecha, no alcanza el gasoil; y cuando aprieta el calor, hay cortes de energía. En suma, en el mundo de la ciencia y la tecnología, el neoliberalismo aplicado en materia energética ha construido una economía regida por el clima.

Así, la recuperación de la actividad económica, sumada a las bajas temperaturas, pone al desnudo, por un lado, la fragilidad del sistema eléctrico (el consumo actual prácticamente iguala la capacidad teórica del sistema) y, por otro, exhibe de manera evidente la ausencia de inversiones que garanticen el transporte y la distribución de gas. Hoy nos hacen falta entre 40 y 50 millones de metros cúbicos más de gas en red para abastecer un esquema de distribución de gas natural que incluso deja afuera al 37 por ciento de la población del país (14 millones de personas). Es esto lo que explica los cortes que se aplican sobre la actividad comercial e industrial. Sobre este marco se agrega la cuota de imprevisión por parte de un gobierno que no previó el gasoil que iba a necesitar; que en ningún momento forzó a las empresas a importar –incluso a pérdida– para abastecer la demanda doméstica; al que jamás se le ocurrió ponerle límite al patentamiento de vehículos gasoleros para uso particular y que tampoco les exigió a las refinerías que bajaran su producción de naftas e incrementaran la de gasoil.

Estamos frente al resultado lamentable de un modelo que ha consumado el deterioro de nuestra infraestructura dada la ausencia de inversiones (o de inversiones que no tenían por objeto el abastecimiento del mercado interno sino, por ejemplo, la exportación de gas), que dilapidó y dilapida la ventaja (renta) de la que disponemos por poseer hidrocarburos en nuestro subsuelo y que, además, ha permitido la depredación y el saqueo de nuestros recursos en base a estrategias empresarias que han sobreexplotado los yacimientos y que no han invertido en la búsqueda de reservas, reduciéndolas a no más de una década.

La resolución del tema no pasa por el aumento de tarifas, ya que los ‘90 evidenciaron que aun con ganancias extraordinarias obtenidas vía tarifas elevadísimas, las inversiones que necesitábamos brillaron por su ausencia. Incluso hoy la ausencia de inversiones en exploración, explotación, refinación, transporte y distribución de hidrocarburos coexiste con un momento de ganancias extraordinarias por parte de las petroleras.

Al observar la situación de las primeras 200 empresas del país, podemos ver que mientras las petroleras representan el 22 por ciento de las ventas totales, capturan el 51 por ciento de la masa de ganancias. Esto implica que frente a una tasa promedio de ganancias sobre ventas, que para el conjunto de la cúpula se ubica en un 11 por ciento en el caso del oligopolio petrolero (8 empresas encabezadas por Repsol producen el 92% de la oferta) esa tasa asciende al 25 por ciento.

No se necesitan más subsidios, ni más entrega. Se necesita recuperar la renta petrolera anual de 12 mil millones de dólares para poder financiar el plan energético que el país necesita.

* Economista, diputado nacional y miembro de la mesa nacional de la CTA.