En el marco del IV Congreso Federal de Economía Social, realizado en Santa Fe, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) presentó los resultados del primer Censo de Información Económica de Cooperativas y Mutuales, que refleja la necesidad de un sector, duramente golpeado en la década pasada, de ubicarse nuevamente como una alternativa viable y creíble para el desarrollo.

En los ‘90, ese movimiento entró en crisis. Muchas cooperativas y mutuales cerraron o quebraron y “algunas entidades se transformaron en sociedades anónimas y la acción corruptora penetró en no pocas cooperativas”, señalaba Floreal Gorini, fallecido dirigente del movimiento, en 2000. Sin embargo, los resultados del censo y la convocatoria del Congreso muestran un movimiento en crecimiento que “mantiene su fortaleza moral, y hace del modelo social de gestión una herramienta indispensable para crecer y para resistir las sucesivas crisis nacionales”, afirmó Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE).

Si bien algunos datos parecen exagerados, como los 14 millones de asociados a las 15.420 entidades registradas por el censo, ese trabajo es de gran utilidad para un sector que carecía de información confiable. Del total de unidades relevadas, el 27 por ciento se dedica a actividades financieras, un 14 por ciento a actividades agropecuarias y el 24 por ciento es de servicios públicos. Este grupo de entidades concentra el 87,3 por ciento de los ingresos totales y el 90 por ciento de las inversiones, que alcanzan los 840 millones de pesos.

Las más de 1300 personas presentes en Santa Fe pusieron en evidencia la diversidad del sector, donde era posible cruzarse con un obrero de la construcción salteño miembro de una cooperativa de trabajo, hasta con un gerente de una entidad financiera que acababa de llegar del exterior. “El objetivo del Congreso apuntaba en parte a recolectar todas las necesidades de las entidades y sus miembros, y entre todos definir los patrones de políticas sociales necesarias para promover un nuevo sistema legal”, sostuvo Patricio Griffin, presidente del Inaes. Además de la falta de participación de los asociados, las principales limitaciones que encuentra el movimiento son legales. Para Griffin “existe una estructura normativa que bloquea la participación colectiva de la población en las cooperativas y mutuales, y limita la posibilidad de las entidades para ejercer sus diversas actividades. Desmontar este andamiaje legal va a llevar mucho tiempo y es un desafío del próximo gobierno”.

Las cooperativas de trabajo –que generan 112 mil empleos– y el Inaes se encuentran estudiando y analizando un proyecto de ley que les permita superar la inseguridad jurídica en la que se desempeñan. Rechazados muchas veces por los sindicatos o impugnados por las grandes empresas al ganar una licitación, las cooperativas buscan la incorporación de sus asociados a la seguridad social y enfatizan la necesidad de ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia y no como autónomos. Además, la falta de un marco legal condujo a la creación de cooperativas ficticias con el objetivo de bajar los costos de la seguridad laboral, que aumentan la precariedad de los trabajadores del sector.

Por su parte las cooperativas de servicios públicos reunidas en FACE están “desarrollando el proyecto de Generación Eléctrica de Cooperativas Integradas, que consiste en la instalación de centrales de generación, en diferentes regiones del país, sobre la base de recursos energéticos renovables, regionales y sustentables”, explicó Gallo, presidente de la federación. Para agregar que “esperamos empezar a producir en un plazo de uno a tres años 160 mw”. El objetivo que tienen es dejar de ser solamente distribuidoras para convertirse en generadoras de energía, limpia y renovable.

Las cooperativas de servicios públicos están muy interesadas en la inminente creación de las cajas de crédito que tienen como objetivo reactivar los mercados de crédito, estimular los desarrollos regionales y la bancarización de las personas que quedan excluidas del sistema. Se calcula que aproximadamente el 9 por ciento del crédito se encuentra en el mercado informal. En 1960 existían más de 900 cajas que fueron forzadas a cerrar o convertirse en bancos. Hoy sólo queda el Credicoop. Para Griffin, “las cajas de crédito van a funcionar solamente si la gente ahorra”. Las cajas de crédito están reguladas desde 2003, pero la rigidez de su normativa no generó el impulso, ni las expectativas suficientes para su desarrollo. Así, el Banco Central, junto al Inaes, trabajó en una nueva normativa más amplia y flexible para volver a tener un mercado crediticio alternativo para las cooperativas, sus asociados y las pymes.