Difícilmente pueda imaginarse un Estado moderno que prescinda de un sistema ordenado de estadísticas o que no procure mantener un sistema transparente y basado en las mejores técnicas y prácticas o que no busque su constante mejoramiento. Todo ello requiere, entre otras cosas, garantizar tanto la calidad intrínseca del dato producido como velar porque éste pueda ser adecuadamente comparado históricamente. Esto no significa que una serie no deba ser modificada. Todo lo contrario. De hecho, en la Argentina antes de llegar al índice de precios al consumidor vigente desde 1999 se dispuso de media docena de antecedentes (1924, 1933, 1943, 1960, 1974, 1988). Claro que cada uno de tales cambios fue resultado de minuciosos estudios que partieron de precisar el cometido principal que se buscaba, el universo de representación deseado y demás atributos.

En su lugar hemos asistido desde hace un año aproximadamente a toscos esfuerzos por lograr que el IPC (correspondiente a la ciudad de Buenos Aires y su entorno inmediato) dejara de reflejar la realidad y, en cambio, sólo satisfaga las apetencias por mostrar un mundo carente de dificultades y conflictos. Es decir, valores resultantes no de una metodología establecida sino de las indicaciones de las autoridades de turno. Probablemente quienes operaron en tal sentido no fueron conscientes del daño poco menos que irreparable que se infligía no sólo a la institución Indec sino a un bien que cuesta mucho lograr, que es la credibilidad. Credibilidad que refiere no sólo a la confianza en los resultados obtenidos de sus procesamientos sino también credibilidad por parte de quienes como ciudadanos proporcionan la información que sustenta aquellos resultados construidos por los técnicos.

Mucho se ha hablado durante 2007 sobre este tema, incluyendo la cuestión de si se trasladaban las interferencias a las jurisdicciones provinciales (sea que participen o no en la construcción del “índice de precios nacional”), como ocurrió con la provincia de Mendoza. Para ilustrar el resultado desinformador de tal manipulación, en el gráfico se compara la variación mensual de la estimación promedio de trece jurisdicciones (desde Jujuy hasta Tierra del Fuego) con la del Gran Buenos Aires.

Se observa que desde enero hasta octubre de 2006 el comportamiento es claramente similar, con muy pequeñas variaciones en más o en menos. Sin embargo, desde noviembre es notable que el índice del Gran Buenos Aires no sólo siempre aparece más pequeño sino que cada vez se distancia más del promedio de las provincias. Debe aclararse que se trata de la variación mensual de precios, no del nivel de esos precios. Por ejemplo, es sabido que el costo de vida en la Patagonia es significativamente elevado, lo cual no equivale a que, mes tras mes, su incremento sea el más pronunciado.

La enorme brecha que separa a ambas series no puede atribuirse a los “malos empleados” del Indec (como fueron calificados por altos funcionarios), ni a los supuestos titulares de bonos de la deuda de la Argentina (que, por otra parte, los compraron en las condiciones ofrecidas por el propio gobierno nacional), sino lisa y llanamente esa brecha deriva del reflejo de la realidad en trece jurisdicciones frente a un número “operado” respecto del Gran Buenos Aires. Todos los argumentos tozudamente esgrimidos hasta ahora se desmoronan con este contraste.

Y los planteos que asomaron en estos días sobre que “hace falta un cambio de metodología” se destruyen en sus mismos términos puesto que en este año iba a operarse el inicio del cambio metodológico, pero con los recaudos apropiados y no en base a misteriosas y nocturnas manipulaciones. Además, ningún cambio en adelante será válido si no se recalculan los datos de todo el año en curso. Ese será el camino para conciliar al estadista con la estadística.

Javier Lindenboim es Investigador del Conicet.