El primero en mover las piezas fue Brasil. El gobierno de Lula extendió hasta el 2023 el régimen tributario privilegiado de la zona de Manaos. La decisión brasileña provocó el reclamo de los industriales radicados en Tierra del Fuego, área que tiene beneficios similares a los de Manaos. Los empresarios solicitaron una extensión de las exenciones impositivas y franquicias arancelarias que expiraban en el 2013. La presión industrial tuvo efecto: Néstor Kirchner, antes de finalizar su mandato, concedió la prórroga hasta el 2023.

El régimen promocional fueguino data de la década del ’70. La necesidad de promover el desarrollo de un territorio escasamente poblado (13.431 habitantes en 1970) motivó la sanción de una ley de promoción económica en 1972. En 1973 existían solamente 60 industrias, fundamentalmente aserraderos, que ocupaban a 581 personas. En la década del ’80 se radicó un importante conjunto de empresas, en su mayor parte productoras de electrónica, electrodomésticos, textiles y plásticos. Eduardo Basualdo, en su obra Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, señala que “la importancia de este sistema de promoción industrial en la inversión privada –así como en las finanzas públicas, ya que el monto de los subsidios otorgados se movió en la misma dirección– fue creciente y exhibió una notable importancia desde mediados de la década del ’80 en adelante. Las evidencias disponibles son contundentes en indicar que la inversión privada con promoción representó en 1985 el 31,7 por ciento de la inversión privada bruta y el 91,1 por ciento de la neta”.

Una crítica al régimen de Tierra del Fuego es que no formó encadenamientos productivos. Foto: Leandro Teysseire

La crisis económica de fines de los ’80 obligó a algunos cambios. En 1995, las autoridades económicas permitieron la sustitución de productos aprobados con anterioridad y en el 2003 se permitió la radicación de nuevas empresas y la fabricación de nuevos productos. Ahora bien, ¿el régimen promocional de Tierra del Fuego produjo los resultados esperados? Los que contestan afirmativamente señalan que el balance es positivo: vigoroso crecimiento industrial, creación de miles de puestos de trabajo y una expansión demográfica que mejoró el equilibrio territorial nacional. Desde la otra vereda, el costo fiscal del régimen estimado en 1300 millones de pesos anuales encabeza el listado de críticas. Sin embargo, las observaciones no se agotan en la cuestión fiscal. Para ciertos sectores, los resultados del régimen promocional están muy lejos de ser los adecuados. Por ejemplo, las relocalizaciones de empresas originarias de provincias no promocionadas a las zonas beneficiadas (las llamadas “fábricas con rueditas”) aportaron poco en términos de crecimiento de la inversión agregada. Por otra parte, las actividades promocionadas pueden no sumar demasiado en términos de un desarrollo industrial deseable. Así, el armado de productos electrónicos importados (actividad preponderante en Tierra del Fuego), en opinión de algunos especialistas, no hace más que consolidar un modelo de desintegración de la producción local.

En ese sentido, Pablo Ciccolella en Reestructuración industrial y transformaciones territoriales afirma que “la radicación de capital industrial en las áreas receptoras significó una experiencia de dudosa solidez. Los tipos de actividades relocalizadas no muestran mayores vinculaciones con los recursos naturales ni con los mercados locales. Asimismo, no se observa la formación de encadenamientos productivos, ni relaciones interempresariales horizontales significativas, ni realización de tareas de investigación y desarrollo, ni aparición de sectores de servicios vinculados a los requerimientos de la producción industrial que se lleva a cabo en las áreas promocionadas”.

Más allá de las críticas, la vigencia de regímenes promocionales no es objetable en sí misma. Las naciones poderosas los utilizan para apuntalar el crecimiento del sector industrial. Al respecto, Jorge Gaggero y Emiliano Libman en su trabajo La inversión y su promoción fiscal (Argentina 1974-2006) sostienen que “de ningún modo resulta cierto que la promoción implique ‘necesariamente’ un derroche de fondos públicos. Ello no implica, en modo alguno, negar las consecuencias que sobre el entramado productivo han tenido no pocos esquemas de promoción en el pasado ni sugerir la aplicación indiscriminada de este tipo de políticas, sin prestar atención a su capacidad de inducir incrementos en la productividad u omitiendo la aplicación de esquemas de premios y castigos como modo de alentar los comportamientos esperados entre los agentes promovidos”.

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