El atraso del país potenciado por el festín depredador y exportador hidrocarburífero de los noventa, avalados a su vez por todo el andamiaje jurídico provincializador de la Constitución de 1994 y la Ley de Privatización de YPF y Federalización de los Hidrocarburos, condujeron a una progresiva dependencia de las economías provinciales hacia “sus” recursos naturales no renovables. Una creciente dependencia que amalgamó el interés exportador de las operadoras privadas con el de las provincias productoras, a contramano del interés nacional pero en paralelo con la destrucción del Estado y la desindustrialización. A propósito, nadie mejor que el consultor sectorial Daniel Montamat para sintetizar dicha amalgama: “La necesidad de lograr las mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal llevó al Gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica reivindicación de los Estados [sic] hidrocarburíferos sobre la propiedad de los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF”, escribió en su libro La Energía Argentina.

En igual sentido, se presenta un ejemplo más reciente. La gobernación de Neuquén (principal productora gasífera y petrolera del país) “espera un déficit de 427 millones de pesos para este año [2008]”, que a entender de sus funcionarios obedece a que “los precios [valor de corte de un barril de crudo] en el mercado interno son bajos” (Petroquímica Nº 236). En otras palabras, el déficit fiscal es culpa de la política reguladora del Estado nacional y no de la atrasada economía provincial. Esta posición es compartida prácticamente y sin excepción por las restantes provincias productoras. Reclaman así subas del precio del petróleo (que trasladadas a las naftas y el gasoil implicarían alzas de un 30 y 40 por ciento, respectivamente), menor control estatal en la fijación de precios, más beneficios fiscales para las operadoras y menores retenciones. Sobre esta última petición, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se quejó de que el actual nivel de retenciones “obliga a las petroleras a vender el crudo en el mercado interno [en lugar de exportarlo]”. Si fuera por este funcionario, su administración fomentaría la exportación de petróleo en un país hidrocarburífero dependiente con apenas ocho años de reservas de petróleo.

Pero existe, asimismo, un interrogante fundamental que pocos funcionarios se animan a formular: una vez agotadas las reservas de petróleo y gas natural del país, ¿cómo soportarán las provincias productoras sus ya alicaídas cuentas? Más del 60 por ciento del PBI neuquino proviene de las regalías gasíferas y petroleras, lo cual, como se vio, no resuelve su extraordinario déficit fiscal para el año en curso. Peor aún, para cubrirlo, la gobernación decidió hacer del pago de regalías mal liquidadas (por sus operadoras) una “condición necesaria para prorrogar las concesiones de las áreas hidrocarburíferas que vencen, en su gran mayoría, en 2016” (El Inversor Energético y Minero Nº 32). Algo que puede entenderse como una audaz decisión y favorable al interés provincial es en realidad un fabuloso regalo a las compañías petroleras. De esta suerte, el subdesarrollo de Neuquén sumado a su altísima dependencia de la renta hidrocarburífera es aprovechado por las operadoras que reciben de brazos abiertos la novedosa propuesta, ofreciendo entonces actualizar sus deudas públicas a cambio de la prórroga de sus concesiones. Evitan así condiciones más onerosas para ellas (y beneficiosas para los neuquinos), como sería negociar las prórrogas por un paquete de cláusulas que las obliguen a invertir en tiempo y forma, a industrializar los fluidos, aumentar la producción, satisfacer la demanda interna, proteger el medio ambiente. Una aberración nacida de la provincialización de recursos que –a contramano de la creencia popular impuesta desde el lobby mediático– no hace más que remachar el atraso del país profundo.