El lunes pasado, la Presidenta de la Nación dio a conocer un conjunto de medidas destinadas a incrementar el ingreso actual o futuro de un extenso segmento de productores agrarios, ubicados tanto en la región pampeana como en la periferia del sistema regional argentino. Al mismo tiempo, Cristina Fernández de Kirchner informó acerca de nuevas normas laborales para los trabajadores rurales, aprobadas recientemente por la Comisión Nacional de Trabajo Rural.

Aunque pueda criticarse que los fondos destinados al primer conjunto de medidas son limitados, la decisión del Poder Ejecutivo constituye un fundamental y valioso paso en la dirección adecuada. Se trata de favorecer a sectores de la sociedad que en la actividad de nuestro agro, en sus distintas expresiones regionales y procesos productivos diversos, se ubican en los estratos más bajos en cuanto a ingreso e inserción en la estructura social

Así, la disminución singular de las retenciones a la exportación de frutas y hortalizas, actividad que se realiza con el aporte de productos cultivados en predios que ocupan a no menos de 120.000 agricultores familiares de todo el país, deberá repercutir favorablemente, en el ingreso de los mismos. La proyección a futuro de la reducción de retenciones al trigo y al maíz, que alcanzará –en caso de lograrse incrementos sustanciales en la producción de ambos cereales– a los productores según el volumen de producción de los mismos, premia específicamente a los emprendimientos agrícolas más pequeños. Finalmente, la decisión adoptada en votación dividida, de consagrar definitivamente la jornada laboral de los trabajadores asalariados del agro en el máximo de ocho horas, considerándose horas extra, con el consiguiente pago adicional, a la extensión de dicha jornada supone un paso trascendental en las relaciones laborales del sector rural.

A casi cien años de la adopción de la jornada de ocho horas como norma legal para el trabajo de los asalariados urbanos, la conquista referida social marca un antes y un después para el muy castigado sector de trabajadores rurales de nuestro país, explotados y condenados a condiciones de trabajo lesivas, incluyendo una absoluta preeminencia del trabajo no registrado. Es de hacer notar que la decisión de los integrantes de Comisión Nacional de Trabajo Rural que actúan en ella en nombre del Estado, los trabajadores y los dueños de la tierra no fue unánime. Para consagrar este indudable logro social, se contó con el voto estatal y sindical. En cambio, la patronal, representada nada menos que por la Federación Agraria Argentina, junto a Coninagro, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas votó en contra. Una demostración más de la actitud retardataria de quienes poseen a su nombre una parte de la tierra bajo explotación en la Argentina. Seguramente si hubiera habido presencia de los campesinos y los productores familiares auténticos, éstos –absolutamente mayoritarios en el escenario rural del país– habrían apoyado al sindicato y al Estado.

Se ha producido entonces un avance de la legislación laboral de carácter revolucionario y se han sancionado políticas de precios para la producción de una amplia gama de productos pampeanos o no que valorizan a los que menos tienen y más necesitan de apoyo estatal.

Este primer paso debe ser acompañado por un conjunto de decisiones que hagan a la definitiva puesta en marcha de una estrategia de desarrollo rural para quienes laboran la tierra en base a la agricultura familiar, mediante prácticas ambientalmente sustentables y, además de suministrar alimentos imprescindibles para la canasta diaria de consumo de las familias argentinas, luchan por su supervivencia y su inserción cada vez más venturosa en el proceso agrario nacional. Para estos esforzados productores, que son más de 200.000 en el paisaje agrario argentino, urge adoptar medidas en la misma dirección de las arriba enunciadas: regularización de los títulos sobre la tierra que explotan, acceso al crédito, defensa de los precios y los ingresos ante los intermediarios y/o grupos económicos concentrados que les adquieren sus productos, oferta de tecnología sana, que permita avanzar en el incremento de la producción sin dañar la tierra ni el ambiente y suministro masivo de bienes públicos para una mejor calidad de vida. Y a los trabajadores es preciso asegurarles que se respetará la norma adoptada y que se intentará controlar su trabajo cotidiano, en muchos casos, sujeto a prácticas de explotación del trabajo infantil y condiciones de vida y subsistencia socialmente intolerables.

* Investigador del Conicet/Ceur, miembro del Plan Fenix.