Hace pocas décadas en el país tronaba el lema “Achicar el Estado es Agrandar la Nación”, impulsado por el orden conservador e implementado y vigilado por los militares a punta de bayoneta y plomo. De 2001 a esta parte cambiaron los vientos y desde entonces se revaloriza (aunque sea en las palabras) el rol del Estado, mientras éste sigue fofo. El Estado sigue siendo el mayor empleador en negro, en cabeza de los contratados que compensan en buena medida el desangramiento continuo de los planteles públicos estables. O sea, se habla de fortalecer el Estado pero en la práctica lo que se hace es bastardearlo y maltratar al personal estable y contratado. Esto no es exclusivo de los presidentes Kirchner sino una tendencia ya de muchos años. La conclusión de esta caracterización del Estado es que con la administración pública actual parece casi imposible implementar alguna política pública inteligente.

Con respecto a estas políticas públicas, típicamente, son iniciativas del Poder Ejecutivo y, en menor medida, del Poder Legislativo. Dichas políticas son consecuencia de objetivos políticos, con sus respectivas dimensiones: social, cultural, de género, geopolítica, ambiental. Para que el país prospere es necesario que esos poderes generen ideas a plasmar en políticas que incluyan instrumentos adecuados para lograr los objetivos propuestos. A su vez, el aparato estatal (la administración pública) tiene que saber cómo implementar dichas políticas. Y, luego, hacerlo en tiempo y forma.

El Poder Ejecutivo está lanzando diversas medidas de política keynesiana para incentivar el consumo, principalmente, de la clase media. Al respecto, para transparentar a qué beneficiarios apuntan estas medidas sería recomendable que se los explicitara. Más allá que se promueva el acceso de la población a poseer autos nuevos y que se procure sostener el empleo automotriz, los principales beneficiarios del subsidio público a la producción de autos serán las empresas terminales de autos. Este es el más importante sector industrial del país y, por ello, destinatario de inmensos beneficios de los gobiernos de turno, desde siempre, incluido el actual. O sea, el principal beneficiario del estímulo a la compra de autos serán las empresas automotrices. Ello a cambio de (la promesa de) mantener el empleo.

Estos nuevos autos a ser vendidos gracias a subsidios públicos conllevan enormes costos sociales: perjuicios para el conjunto de la sociedad que pagaremos todos. Por ejemplo, en Buenos Aires y sus alrededores los automóviles ya son tantos que este estímulo contribuirá a empeorar la congestión metropolitana. Otro efecto secundario será la necesidad de hacer más y “mejores” calles, puentes, caminos y autopistas, por supuesto a cargo del Estado. Como resultado de esta conjunción “+ autos + caminos” algunas pocas empresas (automotrices y constructoras) se beneficiarán con miles de millones de pesos. Habrá un muy acotado efecto empleo y un alto deterioro ambiental: mayor consumo de combustible y emisión de gases tóxicos, mayor escurrimiento de aguas sin posibilidad de infiltración como consecuencia de más cemento y asfalto en los caminos y calles metropolitanas. Esto, a su vez, requerirá de más megaobras hidráulicas de las que se están haciendo en la ciudad por este motivo. El Estado hará todas estas obras, a ser pagadas por todos, para beneficiar a unas pocas empresas.

O sea, el subpaquete keynesiano “+ autos + caminos” es una apuesta a sostener el estilo de desarrollo vigente, fomentando la producción de productos casi obsoletos: apostando por las empresas –como si éstas distribuyeran beneficios sociales– y no por la gente necesitada. La contracara de estas medidas podría ser un conjunto de medidas que incluyeran asignaciones de dinero a las capas más pobres de la sociedad (especialmente, niños), que son las que más dinamizan la economía, ya que gastan (casi) todo lo que reciben. A su vez, mínimamente, por ser artífice y motor de las adicionales ventas de durables de consumo el Estado debería aprovechar la oportunidad para obligar a las empresas a mejorar aquellos productos para que sean más amigables con el ambiente y con la gente: heladeras y lavarropas que gasten menos energía, autos que ahorren más combustible; en los diseños de caminos, que se utilice menos cemento y más materiales locales y más mano de obra. Pero para todo esto, además de la voluntad política, hace falta una administración pública con un mínimo de inteligencia colectiva, agilidad y eficacia. La gran oportunidad, perdida hasta ahora, es que en el país existen los recursos humanos apropiados y la disposición de los mismos para ponerse en movimiento. Sólo hace falta voluntad política.

* Lic. en Economía Política, UBA.