La sociedad argentina padece una desigualdad multidimensional: cultural, económica, de oportunidades. En general, las disparidades sociales son analizadas a partir de los ingresos de las personas y/o hogares. De todas maneras, el análisis se puede completar examinando otras cuestiones. Por ejemplo, las políticas públicas que reducen el gasto de los sectores más vulnerables contribuyen a la equidad social. La disminución de esos gastos permiten aumentar el ingreso disponible familiar. Se sabe que los gastos públicos destinados a salud y educación son progresivos porque se destinan en gran medida a los sectores más desprotegidos.

En el caso sanitario, el acceso a los medicamentos se transforma en un tema crucial porque impacta en la calidad de vida y en los bolsillos.

Durante la vigencia de la convertibilidad, los precios de los medicamentos se incrementaron en promedio aproximadamente un 300 por ciento. Describiendo ese proceso, Analía Alomar (El remedio a la Política Nacional de Medicamentos, tesina de grado de la licenciatura en Economía, Universidad Nacional del Sur) señala que “este aumento de precios llevó a una dispersión de precios en los productos farmacéuticos sin precedentes dentro del sector. Dentro de la muestra de principios activos observados, la dispersión de precios en términos porcentuales varía entre un 76 por ciento a un 370 por ciento”.

Ante esos aumentos, las obras sociales respondieron con una reducción de sus prestaciones y/o incrementando los copagos a cargo de los afiliados.

A su vez, el aumento del desempleo provocó una reducción en los niveles de cobertura ante la pérdida de la obra social. En definitiva, el gasto privado subió su participación en el gasto total en salud. Dicho de otra manera, la gente debió destinar más dinero de sus bolsillos para hacer frente a sus necesidades sanitarias (atención médica, medicamentos).

Mientras que en 1960 el gasto en salud absorbía el 1,5 por ciento de la canasta familiar, en 1997 su incidencia era del 9 por ciento. En su trabajo Determinantes del acceso a los medicamentos: el caso argentino (Departamento de Economía - Universidad Nacional del Sur), los investigadores Alomar, Moscoso y Larrosa afirman que “mientras que en la década del ‘60 los gastos con mayor incidencia eran los correspondientes al sustento básico (alimentos, vivienda e indumentaria), tres décadas después cobra importancia el gasto en salud, mostrando que la participación del gasto privado ha ido incrementando su influencia a lo largo de los años. Sin embargo, cobra aún más relevancia examinar la participación de las familias en el gasto en medicamentos, ya que casi el 70 por ciento de los mismos son soportados por el gasto de bolsillo”. En ese contexto, la brecha entre demanda potencial y efectiva de medicamentos experimentó un crecimiento. Alomar, Moscoso y Larrosa comentan que “de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial se verificó un incremento en el porcentaje de la población que no logró acceder a los medicamentos prescriptos, llegando en junio de 2002 a alcanzar el 34,2 por ciento de la población. Se observó que no repercutió por igual en todos los quintiles de ingresos, siendo los más afectados el primero y segundo de ellos”.

Las estadísticas disponibles revelaron que el 20 por ciento de los hogares más pobres (primer quintil) empleaba el 78 por ciento de sus gastos destinados a salud a la compra de medicamentos. En el 20 por ciento de los hogares más ricos, la relación bajaba al 41 por ciento. A partir de 2002, el Gobierno nacional formuló una Política Nacional de Medicamentos cuya estrategia se basó en la prescripción de los medicamentos por su nombre genérico (sancionada por el Congreso nacional en agosto de 2002) y la provisión pública de medicamentos (Plan Remediar).

Mientras que el objetivo de la prescripción por genéricos es forzar una reducción en los precios, el programa Remediar abastece de medicamentos esenciales gratuitos a los pacientes de más de 6 mil Centros Públicos de Atención Primaria de todo el país. El 70 por ciento de los beneficiarios de Remediar se ubican por debajo de la línea de indigencia. Por otra parte, el 86 por ciento depende exclusivamente del sector público para atender del cuidado de su salud. Desde la implantación del programa, 15 millones de personas (el 41% de la población argentina) se favorecieron con la entrega gratuita de medicinas. El aporte realizado por Remediar equivale a una transferencia de fondos cercana al 24 por ciento del ingreso per cápita familiar de los beneficiarios (en general) y de un 41 ciento en el caso de la población indigente. A raíz de la implementación de la Política Nacional de Medicamentos “se redujo la incidencia del gasto en salud, sobre todo para las familias con menor poder adquisitivo. Más aún, dada la magnitud de la crisis económica y sanitaria de nuestro país, esta política representó la diferencia entre acceder a los medicamentos o quedarse sin ellos”, concluyen Alomar, Moscoso y Larrosa.

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