Por Fernando Krakowiak

En el país hay casi 3,4 millones de familias con problemas de vivienda, con un aumento del déficit habitacional superior a las 400 mil unidades desde 1997. Entre los afectados se incluyen desde situaciones de hacinamiento en casas en buen estado hasta la existencia de unidades irrecuperables en villas miseria. Pese a las crecientes necesidades de la población, el gobierno nacional y las provincias se pusieron de acuerdo en febrero de este año para que los recursos destinados a la construcción de viviendas sociales se puedan utilizar para cualquier otro fin. La consecuencia inmediata ha sido un desvío de fondos específicos que en algunas provincias alcanza actualmente el 50 por ciento. La medida se suma a una serie histórica de desatinos que les ha venido imposibilitando a los sectores populares el acceso a una vivienda digna.
El Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) fue creado en 1972 para financiar créditos hipotecarios accesibles a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, en los hechos sólo una pequeña porción de los más necesitados ha podido tomar esos créditos. La mayoría de los recursos estuvo destinada a la financiación de viviendas costosas que respondieron más a los intereses de la industria de la construcción que de los solicitantes. En muchos casos, las familias más pobres han venido reclamando préstamos para mejorar sus viviendas precarias y no para comprar una nueva. Sin embargo, el lobby de las empresas constructoras imposibilitó la diversificación de los recursos del Fonavi, los cuales durante las décadas del ‘70 y el ‘80 se destinaron en su mayoría a la construcción de faraónicos complejos que, por lo general, fueron habitados por los sectores medios.
A las familias de bajos ingresos también se les dificultó la compra de pequeñas parcelas de tierras en los suburbios de la ciudad porque la ley 8912 de 1977 prohibió la venta de tierras subdivididas sin infraestructura básica. Por lo tanto, la ocupación de casas vacías y los asentamientos se fueron convirtiendo en una de las pocas alternativas para conseguir un lugar donde vivir. “La prohibición de lotear pequeños terrenos hizo imposible el acceso a la propiedad y nos forzó a organizarnos para concretar la toma de tierras”, afirmó a Cash Rubén Pascolini, integrante de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA.
La descentralización del Fonavi implementada en agosto de 1992 le otorgó a cada Instituto Provincial de Vivienda (IPV) el poder de decisión sobre la ejecución de los recursos. Entonces, se argumentó que los IPV aprovecharían el mayor conocimiento de las necesidades de la población de su región para mejorar la eficiencia del sistema. El número de viviendas construidas aumentó, pero los problemas estructurales se reprodujeron a escala provincial. El 92 por ciento de los fondos siguieron orientándose a la construcción de casas nuevas dejando un porcentaje ínfimo para pequeños créditos destinados a ampliaciones y refacciones.
A partir de 1995 se buscó incorporar a los bancos comerciales como cofinanciadores de viviendas sociales, pero en la mayoría de los casos los resultados fueron nefastos. Las autoridades provinciales aceptaron participar como codeudores de los beneficiarios para reducirles el riesgo a los bancos. Al mismo tiempo, cedieron la gestión de los proyectos a desarrolladores inmobiliarios que hicieron fabulosos negocios con dinero público. En la provincia de Buenos Aires la empresa Land Developer construyó lujosos departamentos de 50 metros cuadrados valuados en 40 mil dólares con financiamiento del Fonavi y del privatizado Banco Hipotecario. Muchas viviendas quedaron vacías porque los requisitos exigidos desalentaron a los más necesitados. Sin embargo, el Hipotecario se aseguró que la provincia fuera la encargada de devolverle el dinero invertido y los intereses. La descentralización del Fonavi también desmanteló las estructuras técnicas de fiscalización que le servían al Estado nacional para monitorear el uso de los fondos mientras se iban ejecutando las obras. Por lo tanto, no se pudo evitar que en muchas provincias se desviaran cada vez más recursos para hacer frente a otros gastos. Lo llamativo es que a partir del Compromiso Federal firmado el 17 de noviembre de 2000, ratificado por la ley 25.400, el desvío de fondos se legalizó al autorizar a las provincias a no destinar a los fines específicos hasta un 50 por ciento de los recursos provenientes del Fonavi. El 27 de febrero de este año, se firmó un nuevo acuerdo y allí las provincias lograron que la libre disponibilidad se extendiera al 100 por ciento de los fondos.
Pedro Planas, subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, reconoció ante Cash que “los desvíos en 2002 llegan al 30 por ciento en promedio y casi al 50 por ciento en provincias como Chaco y Jujuy” que, paradójicamente, son dos de las jurisdicciones con mayores problemas. Sin embargo, la estimación proviene de información suministrada por las provincias y en algunos casos se especula que la inversión en vivienda es menor a la que se declara. Eduardo Jozami, ex titular de la Comisión Nacional de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires señaló a Cash que “la situación debe ser más grave aún porque los datos que otorgan los institutos en algunos casos suelen estar lejos de la realidad”.
La mayoría de los gobernadores está utilizando parte de los recursos del Fonavi para pagarles el sueldo a los empleados públicos. Planas afirmó que “los mandatarios provinciales se equivocan porque no gobiernan sólo para los empleados estatales”. Sin embargo, el desvío no hubiera sido posible sin la autorización del gobierno de Duhalde. La libre disponibilidad de fondos se otorgó a cambio de la eliminación de una cláusula que obligaba a la Nación a garantizarles a las provincias un piso de 75 millones mensuales en caso de que la recaudación del Fonavi, proveniente del 33,18 por ciento del impuesto a los combustibles, no alcanzara esa cifra. Esta situación llevó a que el presupuesto 2002 contemplara para la construcción de viviendas sociales 594 millones en lugar de los 900 millones de 2001.
El desfinanciamiento del sistema se evidencia en las estadísticas. Entre 1992 y 1999, se terminaron de construir 42.331 viviendas por año en promedio, llegando a alcanzar un máximo de 57 mil unidades en 1998. En 2000 sólo se terminaron 39.934 casas. El año pasado, con un desvío de fondos cercano al 20 por ciento, las unidades terminadas no superaron las 35 mil y para este año se espera un derrumbe mucho mayor.
El desvío de fondos evidencia la ausencia de una política nacional de vivienda acorde con la emergencia habitacional que atraviesa el país. Desde los sectores vinculados a la construcción se reclama un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias que garantice la ejecución correcta de los recursos del Fonavi para reactivar la industria. En la Federación de Tierra y Vivienda toman distancia de esa postura y sostienen que la crisis debería servir para rediseñar el Fonavi democratizando la discusión en torno del uso de los fondos para que llegue a los más necesitados. En la Subsecretaría de Vivienda afirmaron a este suplemento que no se hará ni una cosa ni la otra. Todo seguirá igual, por lo menos, hasta la llegada del próximo gobierno.