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Mientras senadores, banqueros y funcionarios de Economía se ocupan con pasión por la tarea del empresario de la información confidencial parlamentaria, también denominado el lobbysta Carlos Bercún, otros cumplen esa misma tarea pero por negocios más importantes y de muchísimo más dinero que el producido por papers reservados sobre la labor del Congreso. Esos lobbystas tienen credenciales más “respetables” por las corporaciones política y mediática que el de uno más de los traficantes de información que transitan por la city. El lobby más atrevido de esta economía hiperdevaluada modelo 2002 es el integrado por los exportadores. Pocas cosas reúnen un consenso tan contundente que el referido a que no existe sector que haya sido tan beneficiado por las nuevas reglas de juego como el que tiene su negocio principal en las ventas externas. Sin embargo, con una desvergüenza que pese a todo sorprende, los exportadores se quejan. Los de granos, porque consideran elevadas las retenciones. Los de combustibles, por la pretensión de Economía de elevar de 30 al 50 por ciento la obligación de liquidar dólares en la plaza local. Los de otros bienes, por la sugerencia de algunos especialistas de eliminar o recortar los reintegros (devolución de impuestos) de exportación. Así, con ese cacareo sostenido mantienen rentas extraordinarias, con pocos antecedentes en la historia económica reciente, ante una sociedad que padece una crisis social de proporciones.
Con la devaluación más intensa de los mercados emergentes, ahora rebautizados sumergidos, y una inflación reprimida, el actual tipo de cambio real es uno de los más elevados de las últimas décadas. El sentido común transferido a la política económica indicaría que el nivel de retenciones, o sea la porción de la renta exportadora que captura el Estado, debería ser un poco más elevado que el que rige en estos momentos. Roberto Lavagna, en cambio, negocia una rebaja de ese impuesto a las ventas externas de las petroleras dentro de un acuerdo para congelar el precio de las naftas y aumentar la liquidación de divisas en el mercado doméstico. A la vez, el ministro manifestó que las retenciones son una medida provisoria debido a la crisis, cuando apropiarse de una pequeña porción de esa renta extraordinaria debería ser planteada como una política de Estado. Más aún, cuando la fragilidad fiscal incorpora una cuota de incertidumbre que puede hacer tambalear la precaria estabilidad.
La debilidad de las cuentas públicas queda reflejada en el déficit que se sigue registrando pese al efecto inflación sobre la recaudación, el ingreso por retenciones y el default parcial de la deuda. Resulta evidente que la situación fiscal está atada con alambres, aspecto que aún no está saldado en la negociación con el Fondo Monetario. Y con razón. Si con esos factores favorables, en septiembre el déficit del Tesoro alcanzó los 1029 millones de pesos, acumulando un desequilibrio de unos 4900 en lo que va del año, las perspectivas fiscales no son alentadoras.
Ante esa perspectiva, resulta un absurdo mantener los reintegros a las exportaciones, cuya justificación conceptual es que se trata de devolución de impuestos, pero que, en realidad, no son otra cosa que subsidios sin el peligro de sanciones de la Organización Mundial de Comercio. Con este elevadísimo nivel del tipo de cambio real, los reintegros, que en su momento buscaron mejorar el dólar efectivo para el exportador, son innecesarios. Por esa vía se filtran alrededor de 250 millones de pesos por mes de las cuentas públicas. Además, los ingresos por reintegros están excluidos del pago de Ganancias.
Sin tener en cuenta la subfacturación generalizada de los exportadores, de la que Página/12 ha dado cuenta en varios artículos, el actual nivel de retenciones y los reintegros constituyen un sinsentido económico. Lavagna conoce muy bien el funcionamiento del negocio de los exportadores, sector al que ayudó generosamente en 1985, cuando era funcionario del equipo de Juan Vital Sourrouille, con lo que se conocía como Programas Especiales de Exportación.