A partir de la designación de Mercedes Marcó del Pont el Banco Central comenzó a trabajar en un plan para acercar el crédito a la esfera real. Ese objetivo es compartido por otros organismos vinculados con el sector financiero. Por caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un régimen especial para la constitución de Fondos Comunes de Inversión destinados a canalizar recursos para la financiación de nuevos proyectos productivos y de infraestructura. El destino será para el “mejoramiento y desarrollo de las economías regionales del país”. A dos días de su implementación, ya se presentaron tres proyectos de los cuales uno ya estaría listo para su aprobación: se trata de la empresa de servicios de alimentación Compass.

La autoridad monetaria inició un nuevo proceso de coordinación con otros organismos oficiales para “armonizar aspectos regulatorios”. Todas las medidas que se implementaron o pretenden ponerse en práctica se encuadran en tres aspectos generales. En coordinación con la CNV, se busca, en primer lugar, reforzar la prevención y el control de la fuga de capitales. Se avanzó en los últimos días en un trabajo conjunto con la superintendencia de bancos para supervisar ese sector. Por último, se inició un proceso de ajuste en todo lo referente con cuestiones de crédito, tanto bancario como bursátil.

Sobre esto último la CNV lanzó su primera medida. “La intención es flexibilizar la normativa de esos FCI a los efectos de redistribuir los recursos del mercado de capitales hacia el financiamiento de la economía real, especialmente para dar escala y asegurar la demanda a pequeños proyectos productivos con criterio de fomento a las economías regionales”, explicó a Cash el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. La resolución dispuesta profundiza “en términos cuantitativos y cualitativos” una necesaria reforma del patrón crediticio, orientándolo hacia la producción en línea con el modelo que pretende impulsar Marcó del Pont.

Los fondos de inversión pueden tener una doble caracterización, según se trata de abiertos o cerrados, con destino a la producción. Los fondos abiertos tienen una duración indeterminada y su patrimonio puede ampliarse ilimitadamente en razón de nuevas suscripciones o disminuir en virtud de los rescates que se produzcan. Los cerrados tienen una cantidad máxima de cuotapartes que se negocian en un mercado institucionalizado, con un plazo de vencimiento establecido. La nueva normativa establece, en el caso de los fondos cerrados, que se podrá estructurarlos mediante emisiones de series para permitir su integración gradual, optimizando la incorporación desde la gradual incorporación de los proyectos y facilitando también su demanda tanto para inversores institucionales y público en general a lo largo del tiempo.

Los FCI abiertos tienen parámetros más flexibles de inversión que los tradicionales, con el objetivo de facilitar nuevos proyectos y posibilitar una integración gradual a medida que se vayan incorporando al fondo los proyectos productivos a financiar. En este caso se resolvió otorgar la posibilidad de conformar la cartera de inversión en el plazo de hasta un año y se habilita a que la solicitud de rescate se efectivice con un plazo de preaviso de hasta 25 días. “Esto tiene que ver con que el tipo de proyectos de inversión cuenta con un grado de maduración de mediano y largo plazo y, por tanto, son más ilíquidos que un FCI compuesto por acciones o bonos. Por lo que el suscriptor que quiera salir del fondo debe esperar ese plazo para obtener el dinero. Tal como sucede con los Fondos Pymes”, detalló Vanoli. Al comienzo este tipo de instrumento de inversión estará focalizado a atraer empresas, compañías de seguro y a la Anses, entre otros operadores del mercado