La crispación política del campo llevó esta semana a nuevas amenazas de lockout, esta vez de los ganaderos. Prescindiendo por un momento de las idiosincrasias sectoriales, vale reconocer que los modos de intervención de los funcionarios de siempre, aquello que parece nunca mejorará de la actual administración, poco aporta a la conducción de los conflictos naturales, los propios de la gestión de intereses millonarios. Más cuando las intervenciones públicas, como ocurrió en distintas oportunidades, terminan en desmedro de los productores primarios. Esto es del eslabón más débil de la cadena agroindustrial y, en el mejor de los casos, sólo tienen un efecto de muy corto plazo en los precios finales pagados por los consumidores.

Algunos problemas comienzan cuando se intenta desconocer que en las economías capitalistas existe la oferta y la demanda. Es verdad que en ellas también existen actores con capacidad de formar precios y apropiarse de renta, pero esta capacidad por sí sola no alcanza para explicar alzas sostenidas de precios. Vale insistir en que pueden explicar alzas puntuales, pero no alzas sostenidas. La situación de la reducción de la oferta cárnica después de la “descarga” de animales en los campos provocada por la sequía del año pasado ya fue explicada en este suplemento, por lo que resulta de interés detenerse ahora en algunos aspectos de la demanda.

Siguiendo un trabajo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) presentado esta semana, el kilo promedio de todos los cortes bovinos pasó, entre agosto de 2009 y febrero de 2010, de 14,51 pesos a 23,61 pesos, un aumento del 63 por ciento en sólo medio año. A modo de comparación, en el mismo período el pollo pasó de 6,6 a 8,3 pesos; una suba del 25 por ciento; y el cerdo, de 19,4 a 21,6 pesos; un alza del 11 por ciento.

Lo primero que surge de las diferencias de velocidad de los aumentos de los tres tipos de carne es que no parece operar mucho el “efecto sustitución”. Ante fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna, los consumidores locales no se desplazan masivamente hacia las otras opciones de proteínas cárnicas. Sucede lo que ya se sabe, que la carne de vaca es un componente esencial de la dieta local, punto que se reafirma con un segundo dato significativo del análisis de la demanda de carne realizado por el Ipcva: los sectores de la población con menores ingresos consumen, en promedio, más carne que los más ricos. Mientras una familia tipo de clase alta consumía, a mediados de 2009, 14,56 kilos mensuales de carne, una de clase baja consumía 16,98 kilos. El ingreso de la familia de clase alta considerada era, para dicha fecha, de 28.000 pesos mensuales y el de una de clase baja, de 660 pesos. Tomando los precios de agosto de 2009, esto significa que los hogares de menores recursos destinaban el 37 por ciento de sus ingresos a comprar carne vacuna. Un dato que falta del análisis del Ipcva es cuál fue la reacción de estos sectores frente a aumentos de más del 60 por ciento, pero lo que está claro es que en el mercado local existe una demanda dispuesta a seguir comprando “todo lo que pueda comprar” frente a una oferta que se restringió, pero que no seguirá restringiéndose.

Para los ganaderos que no debieron descargar en exceso sus campos por la sequía o que no liquidaron stocks para dedicarse a actividades agrícolas más rentables en la coyuntura, se trata de una buena noticia. Las intervenciones públicas podrán contener, con los dispares resultados de la historia reciente, las alzas. Lo que difícilmente puedan hacer en el corto plazo es alterar las proporciones entre cantidades ofrecidas versus cantidades demandadas, más cuando los precios internacionales no lucen mucho más atractivos que los internos, como ocurría el año pasado. Y hablando de oferta y de plazos, todavía sigue pendiente que el conjunto de la cadena cárnica evalúe cómo aumentar los stocks ganaderos en el mediano y largo plazo, un problema que antecede a la más mediática cuestión de los precios