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La dictadura militar inauguró una etapa caracterizada por el desmantelamiento de los instrumentos de intervención estatales.

La paralización de proyectos en marcha en el campo siderúrgico, la liquidación de la Flota Fluvial, el cierre de ramales y disminución del personal ferroviario, las privatizaciones de yacimientos petrolíferos en explotación, la transferencia a manos privadas de empresas estatales chicas y medianas, la eliminación del monopolio en el comercio exterior de la Junta Nacional de Granos, fueron algunas de las medidas que implicaron un rediseño de las funciones estatales.

El eje de la política oficial pasó por direccionar el accionar estatal al servicio de los grupos económicos dominantes. Como señala Martín Schorr en La industria argentina entre 1976 y 1989. Cambios estructurales regresivos en una etapa de profundo replanteo del modelo de acumulación local, esa política les posibilitó a las corporaciones el aprovechamiento de un amplio abanico de beneficios: exenciones ligadas a la promoción industrial, sobreprecios en las compras estatales, bajas tarifas debido al atraso tarifario de las empresas públicas y la estatización y/o licuación de la deuda privada. Así, la dictadura modificó el paradigma vigente en materia de regulación estatal de las relaciones económicas y sociales. Los modos de intervención ligados al Estado del modelo industrializador fueron abruptamente modificados de acuerdo con la concepción liberal del equipo económico. En palabras del entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz: “la función del Estado es subsidiaria a la del sector privado; el acento hay que ponerlo en la empresa privada como centro y motor de toda la economía moderna”. La privatización de las empresas estatales y del régimen previsional y la acentuación de los procesos de liberalización económico-financiero llevados adelante durante la década del noventa completaron ese proceso iniciado en 1976.

El esquema económico implementado a partir del 2003 colocó al Estado en un lugar diferente. La recuperación del manejo de la política cambiaria y monetaria, sumado a una exitosa administración del frente fiscal, posibilitó la irrupción de un escenario propicio para la recuperación de las capacidades estatales. El alivio financiero provocado por la exitosa renegociación de la deuda, el incremento de la recaudación tributaria, el crecimiento de la inversión pública y el aumento del gasto público social, son todos aspectos que coadyuvaron a ese reposicionamiento estatal. Ese nuevo escenario permitió la implementación de una exitosa política anticíclica para hacer frente a los efectos derivados de la crisis internacional. Por primera vez en mucho tiempo, las autoridades no apelaron a la reducción del gasto público sino que, por el contrario, se incrementaron las erogaciones estatales. La implementación de medidas tales como el Plan de Obras para Todos, el programa Argentina Trabaja y la Asignación Universal por Hijo, apuntaron en ese sentido. La utilización más intensiva del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para asistir a las empresas con dificultades financieras también se enmarcó en la misma filosofía.

Los economistas Alfredo Iñiguez y Rafael Selva, en La contrareforma del Estado, señalan que “el análisis del Gasto Público permite identificar el cambio de orientación de la forma en que interviene el Estado en la economía, asignándole un rol mucho más presente e inclusivo que en etapas previas. La crisis internacional puso a prueba la robustez del modelo económico y a la vez posibilitó verificar cuán profundas han sido las reformas llevadas a cabo en un contexto de caída de la actividad originada principalmente en la contracción de la demanda externa y merma de los recursos fiscales. La negación por parte del gobierno nacional a una política de ajuste del Gasto Público implicó el más fuerte cambio de paradigma respecto de la modalidad para enfrentar la crisis”. Iñiguez y Selva resaltan que la recuperación estatal permitió contar con capacidad de respuesta para morigerar los efectos de la crisis y evitar los ajustes que hubieran provocado la conocida espiral de caída de la demanda agregada-despidos de personal-reducción del ingreso de la población-más caída de la demanda

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