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La Anses ha tomado una excelente determinación al decidir el entrenamiento y capacitación de los directores y síndicos que intervienen, en nombre y representación del Estado, en 42 empresas privadas, en las cuales el organismo previsional tiene participación accionaria. Los objetivos de dicha capacitación tienden a evitar maniobras de vaciamiento, a que las empresas justifiquen adecuadamente la no distribución de dividendos, a estudiar en detalle las propuestas de capitalización que, eventualmente, puedan debilitar la participación de los accionistas minoritarios y a realizar una adecuada fiscalización en temas impositivos. Podría parecer una medida administrativa más o bien tratarse de algo obvio, habida cuenta de que si el Estado posee acciones en dichas empresas, resulta lógico que participe en la gestión económica de las mismas. Pero no resulta obvio por varias razones:

a) por la tradicional resistencia de ciertos grupos económicos acostumbrados a desplegar operaciones diversas que, en muchas ocasiones, perjudicaron al Estado y a la sociedad en su conjunto;

b) por la connivencia de cierto tipo de Estados que representaron directamente los intereses más voraces de los grupos de gran poder económico, los cuales –en definitiva– terminan siendo más poderosos que los propios gobiernos;

c) por la fragilidad y debilidad política de ciertos gobiernos que, a pesar de reconocer lo lesivo de esas prácticas empresariales para el interés común, sucumbieron a los condicionamientos, a las presiones, a los chantajes, so pena de correr el riesgo de la desestabilización institucional y hasta de la interrupción de su mandato constitucional.

Es que tales actores económicos estuvieron (¿están?) convencidos de que es legítimo tener más poder que los gobiernos y, en consecuencia, actuaban en y sobre la Casa Rosada, como si se tratara de su propia casa (o su propia empresa) por sobre la autonomía y la verdadera legitimidad que emana de la soberanía popular, expresada por los canales constitucionales pertinentes. Se trata de los mismos sectores, muchas veces de los mismos apellidos y también de los mismos intereses que aspiran a convertir al Estado en un negocio o bien que el Estado sea su socio, actuando como sostén y garante de sus impúdicas prácticas en perjuicio de la comunidad nacional. Se torna muy necesario, entonces, actuar con firme decisión política en la defensa del interés colectivo. Un Estado, con vocación política dirigida a proteger el interés nacional y popular, no puede prescindir de regular y supervisar el accionar de los sectores del capital. La política, en representación del interés general, debe primar por sobre el comportamiento de las empresas.

No se trata de impedir el accionar del capital, pero sí de controlarlo al máximo de lo posible –teniendo en cuenta las condiciones y características objetivas en que se desenvuelven nuestras sociedades– para evitar que su inequitativa “racionalidad” se desmadre y se despliegue en extremo. En los años ‘70, una medida como la adoptada por la Anses habría sido caracterizada como insuficiente, como tibia, como distractiva de los profundos cambios estructurales que se consideraban imprescindibles; pero estamos en 2011 y el mundo y la Argentina son lo que son y no (lamentablemente) lo que hubiéramos querido que fueran. Como decía Paulo Freire, “para poder mañana lo que hoy es imposible, tenemos que ir haciendo lo que hoy es posible”, y ello no significa claudicación o resignación, sino agudeza política para comprender y enfrentar en concreto los desafíos coyunturales de la historia.

Norberto Alayón

Profesor Titular. Facultad de Ciencias SocialesUBA

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